El PP exige a Ribó que informe de las medidas antiterroristas

Tras el atentado de Barcelona del pasado jueves los nervios están a flor de piel. El PP de Valencia urgió ayer al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, a convocar cuanto antes a los portavoces de la oposición con el fin de informar sobre las medidas de seguridad adoptadas en la ciudad.

Ribó ha informado durante los últimos días de que se está estudiando dónde colocar los bolardos en las calles que impedirían sucesos de este tipo, aunque la Policía local debe determinar todavía qué lugares serían los más idóneos. Además, también hay que tener en cuenta la necesidad de dejar paso a las ambulancias y vehículos de carga y descarga.

No obstante, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Eusebio Monzó, destacó la importancia de «mantener la unidad de todas las fuerzas políticas en la lucha contra el terrorismo». Por su parte, desde Cs exigieron al concejal de Fiestas, Pere Fuset, que adopte las medidas necesarias para que la ciudad de Valencia esté preparada cuanto antes para celebrar sus diferentes festividades garantizando la seguridad de vecinos y turistas.

Algo que ya se ha hecho en localidades como Paterna, donde el dispositivo de seguridad para la Cordà que se celebrará el próximo domingo se reforzará con un incremento del 20 por ciento de personal y con la colocación de barreras New Jersey y bloques de hormigón.

En Mislata, el Ayuntamiento ha decidido «blindar» la plaza Mayor durante las fiestas con un centenar de bloques de hormigón que instalará la Concejalía de Seguridad Ciudadana para crear un cinturón de protección a lo largo de todo el recinto ferial.

En Torrevieja, el pasado lunes el alcalde, José Manuel Dolón, de Los Verdes, informaba del desvió de la Vuelta Ciclista a su paso por el centro de esta localidad, por la falta de agentes. Una decisión que fue duramente criticada ayer por el portavoz del PP en la localidad y exalcalde, Eduardo Dolón, quien afirmó que la ciudad pierde con este desvío desde el casco urbano a la circunvalación.

Para Dolón, se trata de una decisión «exclusivamente política y tomada desde el odio, el rencor y el sectarismo político», puesto que este acontecimiento deportivo se financia con fondos de la Diputación de Alicante, gobernada por el PP.