El TSJ da un ultimátum a Educación para que se pronuncie sobre el plurilingüismo

Concede cinco días a Conselleria para que explique las medidas adoptadas tras la suspensión e insta a que identifique al responsable del cumplimiento de la resolución judicial

A través de una providencia el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano trasladó ayer a la Conselleria de Educación un ultimátum de cinco días para que justifique y precise las acciones adoptadas para cumplir la resolución judicial que suspendió cautelarmente el decreto que establece el modelo lingüístico educativo en la enseñanza no universitaria.

La razón de esta medida estriba en que el pasado martes 18 de julio Conselleria de Educación publicó en el DOGV la Resolución de las Instrucciones de organización de centros de Infantil y Primaria para el próximo curso 2017/2018 y donde no se concedió apenas espacio para hablar de la cuestión que más preocupa a la comunidad educativa: la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo. Al respecto, todo cuanto escribió el conseller de Educación, Vicent Marzà, se resumen en siete líneas de un documento que ocupa 34 páginas. Una acción que suscitó la reacción inmediata del Alto Tribunal.

A través de su plataforma de Twitter el TSJ lanzó, a su vez, dos preguntas a la Generalitat. Una en la que se reitera públicamente el mensaje anterior; las clarificación de las medidas adoptadas para que la normativa lingüística no viole el régimen constitucional y, una segunda, en la que se insta a la Conselleria que identifique al cargo o funcionario responsable del cumplimiento de esa resolución. Bien podría tratarse de Vicent Marzà, o todos aquellos que le han acompañado en la creación, gestión, y representación del decreto, es decir: Miquel Soler, Jaume Fullana, Rubén Trenzano, Mónica Oltra o, incluso el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. El objetivo perseguido con esta acción es atribuir responsabilidades al cargo o funcionario “en caso de que se aprece desobediencia”, relata en un comunicado el tribunal.

Por parte del colectivo de padres y madres que conforman la plataforma Idiomas y Educación, organizador de una de las más multitudinarias movilizaciones (19 de mayo, Alicante) de la Comunitat en contra del plurilingüismo, valoraron de “gravísima la imprudencia de Marzà al no pronunciarse sobre la suspensión del Decreto 9/2017, por lo que éste traslada, negligentemente, la interpretación y responsabilidad a los directores de los centros”.

El desbarajuste que está ocasionando hacia los colegios afecta también a padres y madres quienes ven que el próximo y cada vez más cercano curso se aproxima y todavía no existe aclaración por parte de la Conselleria acerca de cuál será la normativa lingüística.

Cabe recordar que todavía el TSJ no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Se espera que lo haga durante los próximos días, y cuya voz podría ser decisoria en el conflicto. Hasta entonces el Alto Tribunal aguarda a que sea primero Educación quien rompa el silencio administrativo y se manifieste.