Valencia

La comunidad educativa denuncia una “nueva tomadura de pelo del Consell”

“La Conselleria no da respuestas concretas, por lo que crea un enorme caos con gran casuística de escenarios, generando una gran inseguridad en la aplicación de procedimientos”

La Razón
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“¿Y las instrucciones a los directores de los centros escolares sobre el programa lingüístico?”, “¿cómo se contempla el derecho de padres y niños de que los proyectos lingüísticos sean los de septiembre de 2016?”, son algunas de las cuestiones sin resolver que padres y madres trasladan a la Conselleria de Educación a escasos días de que la Abogacía de la Generalitat presentase al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) el escrito en el que trata de argumentar que sí ha suspendido el decreto de plurilingüismo. Un documento que le exigió hace una semana el Alto Tribunal y que, según la comunidad educativa, sigue sin ofrecer instrucciones precisas.

“La Conselleria no da respuestas concretas, por lo que crea un enorme caos con gran casuística de escenarios, generando una gran inseguridad en la aplicación de procedimientos, situación que va a generar, entre ellos, numerosos casos de desobediencia al Tribunal” auguraron ayer desde la Asociación Idiomas y Educación.

Por su parte, la portavoz de Educación del PP en Les Corts, Beatriz Gascó, denunció que el texto presentado el lunes por el departamento que preside Vicent Marzà “deja a un lado a equipos directivos y a las familias. No trata lo importante y es qué será de las familias que matricularon a sus hijos en base a unas directrices que estaban manipuladas. Ahora las reglas del juego han cambiado”.

El mismo mensaje, pero con distintas palabras, trasladó el portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, Vicente Morro.”¿Qué respuesta se va a dar a los padres y madres que decantaron la elección del centro en función de los niveles lingüísticos que se ofertaban antes del auto del TSJ? Tienen derecho a una nueva solicitud”.

Esta exigencia de abrir un nuevo proceso de matriculación parte de que el decreto de plurilingüismo se halla provisionalmente suspendido, aunque el borrador de la Abogacía de la Generalitat continúa contemplando que los programas lingüísticos son los mismos que se votaron en marzo por los Consejos Escolares -capacidad que contrae la Constitución al ser tarea de la dirección del centro según La Ley Orgánica- y que, posteriormente, fueron aprobados por Conselleria. Es decir, “no es cierto que han cumplido con las exigencias del Alto Tribunal. El conseller ha hecho matricular a la gente siguiendo una normativa que no está en vigor” añadió Morro.

Sobre ello, hay familias que están demandando el retorno a la normativa de 2012. Aquella que contempla en un mismo centro la convivencia de la línea valenciana y la castellana y no solo una de ellas tal como persigue el nuevo decreto de plurilingüismo, precisó.

En este sentido, la coyuntura en la Comunitat arrastra un inicio de curso inestable para la comunidad educativa pero especialmente para los centros, dado que la Administración ha delegado la responsabilidad a la dirección escolar. “Se avecina un nuevo curso de incertidumbres, inseguridad y denuncias a los directores, ya que ahora son ellos los que tienen que interpretar y aplicar los procedimientos, al no tener instrucciones concretas”, lamentan padres y madres. Es la tesitura que está provocando el silencio administrativo del departamento de Vicent Marzà.

El siguiente paso, adelantan desde la Mesa por la Educación en Libertad, “será pedir la marcha del conseller si finalmente el TSJ nos da la razón al recurso que presentamos pidiendo la modificación de la normativa lingüística”.

En estos instantes, la Conselleria almacena nueve contenciosos de los cuales, tres demandan la suspensión definitiva del decreto. El problema estriba en cuándo se dará a conocer las resoluciones teniendo en cuenta que aquellos recursos que fueron presentados por procedimiento ordinario, deberán ser pospuestos a septiembre al no ser hábil el mes de agosto. Tan solo tres pleitos que fueron interpuestos por procedimiento de derechos fundamentales podrían ser resueltos. Unas circunstancias que llevan a vaticinar que el próximo y cada vez más cercano curso 2017/2018 arrancaría con una normativa lingüística inconclusa e incierta.