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Las sombras de Divalterra

Una auditoría externa vuelve a confirmar las irregularidades ejecutadas por el ex cogerente socialista de la empresa pública de la Diputación de Valencia, Víctor Sahuquillo

  • Agustina Brines (Compromís) y el ex cogerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo (PSPV)
    Agustina Brines (Compromís) y el ex cogerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo (PSPV)
A. M. .  Valencia.

Tiempo de lectura 4 min.

12 de octubre de 2017. 20:04h

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Renovar y controlar aquello que ocurriese en la empresa pública Imelsa fue una de las prioridades del PSPV, Compromís y EU. La imagen fue el primer paso. Sonaba mal-fue allí donde se centró la corrupción del caso Taula- y por eso apostaron por una refundación que empezaba por cambiar el nombre. La bautizaron como Divalterra y le pusieron dos cogerentes, uno socialista- Víctor Sahuquillo que acabó dimitiendo tras varios escándalos- y una de Compromís, Agustina Brines.

Sin embargo, pronto comenzaron los problemas y la dudosa gestión que ahora confirma una auditoría de una empresa externa, RSM.

En el documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se constata que, aunque «a nivel general, se cumple la normativa aplicable», advierte de que la sociedad debe seguir con las «instrucciones internas de contratación» y enumera una serie de «apreciaciones en los expedientes analizados».

Como ejemplo pone el cambio de imagen corporativa realizado en la sociedad y que se llevó a cabo en el segundo trimestre del ejercicio 2016. Se detectó que el informe de necesidad y el certificado de existencia de crédito «están datados en fecha posterior a la adjudicación del contrato, a la prestación del servicio y a la factura del mismo». Apunta además que esta irregularidad fue detectada por el director financiero. Decidió denegar el certificado de existencia de crédito tras comprobar que se estaba solicitando para un servicio ya prestado. Como consecuencia, desde el área de servicios jurídicos se abrió expediente informativo.

Así, concluye que si se hubiese tramitado «correctamente» las distintas necesidades relacionadas con el cambio de imagen corporativa de la sociedad, y por tanto, de manera conjunta y como exige la ley, «dicha contratación habría requerido la firma mancomunada de ambos gerentes porque se hubiesen superado los 18.000 euros».

Pero no acaban en este asunto las prácticas poco ortodoxas de la primera etapa de la nueva era de Divalterra. La auditora RSM afirma también que en la campaña de publicidad y difusión desarrollada en los meses de mayo y junio de 2016, se identificaron 14 contratos adjudicados directamente, que suman un importe de 68.706 euros.

Como ya publicó este diario, un informe de los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia, confirmó que el ex cogerente, Víctor Sahuquillo, socialista y hombre de confianza del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, actuó sin contar con la firma de la otra cogerente, Agustina Brines, de Compromís. Lo hizo «contraviniendo lo acordado en el Consejo de Administración».

La auditoría externa añade que la campaña publicitaria se inició sin que formalmente se hubiera iniciado el expediente de contratación, es decir, «faltaba cumplimentar el informe de necesidad, carta de existencia de crédito y en algunos casos, presupuesto del proveedor debidamente firmado ya que la mayoría están fechados con posterioridad al 29 de mayo».

También señala la existencia de un informe jurídico interno al expediente de contratación en el que se certifica que se produjo la reducción del presupuesto hasta los 18.000 euros, con la única finalidad de que no hiciese falta la firma mancomunada de los dos gerentes, lo que podría ser «una vulneración de los poderes otorgados por el Consejo de Administración».

RSM da un tirón de orejas a Divalterra en lo que a «eficacia y eficiencia» se refiere. Constata que se han producido «duplicidades en el gasto» y cita dos casos. El primero cuando se contrató un informe a un despacho de abogados para conocer la situación de los contratos de alta dirección por importe de 2.000 euros, a pesar de que ya existían. RSM añade que aunque el acuerdo que ordena solicitar una segunda opinión data de julio de 2016, al día de cerrar la auditoría todavía no se había recibido factura por el servicio recibido.

El segundo caso se produjo cuando se contrató un informe al mismo despacho de abogados para analizar el borrador de los nuevos estatutos. Se hizo mediante la adjudicación directa por un importe de 2.750 euros, a pesar de que la empresa pública ya había sido asesorada externamente. Se alegó que era necesario «disponer de un criterio más objetivo».

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