Los Ayuntamientos se atascan con la ley de Dependencia

En los municipios de Valencia de menos de 10.000 habitantes no se tramitan casos desde el 1 de marzo porque no hay resolución de la Diputación

La decisión de traspasar la tramitación de la Ley de Dependencia a los Ayuntamientos está provocando problemas, desconcierto y una carga de trabajo que muchos municipios no pueden asumir. Para empezar, en las localidades de menos de 10.000 habitantes de la provincia de Valencia no se están evaluando solicitudes de dependencia desde el 1 de marzo. Desde el PP aseguran que en este caso la culpable es la Diputación, puesto que no ha enviado la resolución que permite a los consistorios contratar a los técnicos que deben realizar este trabajo.

La Conselleria de Igualdad, que dirige Mónica Oltra, afirman que la Diputación les ha confirmado que el presupuesto para esta materia sí está consignado y que si aun no está la instrucción «está en proceso de resolución administrativa».

En la práctica esto quiere decir que en el mejor de los casos, tardarán dos meses en ponerse en marcha. Este es el ejemplo de que este proceso no funciona bien. Los populares denuncian que esta transferencia de competencias no funciona y que hay muchos interventores y secretarios de Ayuntamientos que ponen reparos a ponerla en marcha.

Desde el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración (Cosital) en Valencia), su presidente, Javier Biosca, admite que la aplicación es «compleja».

Los principales problemas son cómo cuadrar los números y la contratación de personal. La Generalitat ha establecido un número de técnicos que debe ser contratados en función de los habitantes. Dado que el Ministerio de Hacienda no permite aumentar el número de funcionarios, deben abrir una bolsa de trabajo.

Biosca advierte de que en estos momentos no existe personal formado y que se harán contrataciones temporales cuando se trata de una situación definitiva.

La situación es todavía más preocupante en el caso de los municipios de menos de 10.000 habitantes. Al retraso de la Diputación de Valencia se añade el hecho de que tienen menos capacidad administrativa para realizar contrataciones.

El PP añade que la Generalitat solo cubre el 80 por ciento del coste de las contrataciones, advierte de que no hay personal formado y de que el hecho de que se valore en cada municipio puede generar disparidad de criterios y, por tanto, desigualdades.

Desde la Dirección General de Servicios Sociales afirman que las valoraciones desde los servicios sociales municipales, cuya implantación total estaba prevista para el primer semestre del año, ya son una realidad 95 municipios de la provincia de Alicante, 69 de Valencia y 8 de Castellón.

En cuanto a las contrataciones, aseguran que algunos ya tenían personal . Admiten que algunos donde aún no ha habido contrataciones, puesto que están pendientes de recibir las resoluciones nominales de las ayudas de la Conselleria y que está previsto que salgan el próximo mes de abril. Se estima que sumarán 787 contrataciones.

También afirman que desde la Conselleria hay un equipo que sigue realizando valoraciones.