Educación

Los colegios recuerdan al Consell que no puede suprimir el concierto

Irán a los tribunales en cuanto se publique la aprobación de la Ley de Presupuestos de la Generalitat

Los padres no tendrán la libertad de llevar a sus hijos a un concertado si no se cubren todas las plazas de la pública
Los padres no tendrán la libertad de llevar a sus hijos a un concertado si no se cubren todas las plazas de la públicalarazon

La Federación de Centros de Enseñanza valencianos (Feceval) recordó ayer al Consell que el concierto educativo aún tiene un vigor de dos años y medio en lo que se refiere a la educación secundaria, y de tres años y medio en primaria.

José Manuel Boquet, presidente de la Federación, indicó al conseller Marzà que «para gobernar hay que mirar las leyes» y consideró que los nuevos inquilinos de la Conselleria de Educación «creen que los votos les hacen omnipotentes».

Boquet dijo que la medida asumida ayer en la Comisión de Economía y que la semana próxima aprobará el Parlamento, por la que se supedita las unidades educativas en la educación concertada a que se llenen la plazas en la educación pública «es absolutamente ilegal» y explicó que «ninguna administración puede decidir la oferta que realiza una empresa privada».

Boquet dijo que la Conselleria podía «quitar el concierto a un colegio» si no cumpliera las condiciones del mismo, «pero no puede quitar unidades a su voluntad». Además, hizo hincapié en que el concierto se firmó hace un año y medio y que tiene una vigencia de cuatro años para secundaria y seis para primaria.

Boquet dijo que acudirán a los tribunales en cuanto se apruebe la Ley de Presupuestos si se mantiene en su polémico enunciado.

El presidente de Feceval dijo que era paradójico que «quieren derogar la Lomce porque no se consultó a la comunidad educativa, y ahora están legislando sin contar con nadie».

Actualmente, las vacantes en la educación pública alcanzan al veinte por ciento, es decir, quedan sin cubrirse 110.000 plazas de las 550.000 que se ofertan. Ahora el Consell pretende que hasta que no se cubran todas las plazas públicas, no se empleen las de las unidades de los colegios concertados.

Por su parte, Vicente Morro, portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad y presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de alumnos, calificó la medida como «propia de sistemas únicos de países totalitarios» y dijo que no era cierto que la educación concertada fuera «subsidiaria» de la pública, sino que era «complementaria» y que así lo reconocían leyes socialistas como la LODE y la LOE. Morro dijo que en el borrador del decreto de admisión ya se vislumbraba la medida y también anunció recurso a los tribunales.

El PP anuncia acciones legales contra el «arreglo escolar» que menoscaba la educación concertada

La presidenta del PP de la Comunitat, Isabel Bonig, anunció ayer que su partido irá «a los tribunales vía contencioso administrativo e iniciará una movilización» si el Consell efectúa «el arreglo escolar tal y como está en los Presupuestos» para 2016.

Bonig denunció así «la barbaridad de que ayer se colara de tapadillo» en Les Corts una enmienda a los Presupuestos de 2016 con la que la Administración «no concederá nuevas plazas a la concertada hasta que no tenga el ciento por ciento de las plazas públicas cubiertas» por criterios «ideológicos».

Para la presidenta del PPCV, ello implica «limitar el derecho de los padres» a decidir el centro de escolarización de sus hijos, y expresó en referencia a las últimas decisiones educativas tomadas por el Consell que las familias deberían poder elegir «la lengua vehicular» o si llevan a sus hijos «a la otra punta de la ciudad por razones pedagógicas».

Bonig también mencionó que la iniciativa de las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años «se vendió como una experiencia piloto», en la que la Conselleria se comprometió a negociar con las «más de 600 escuelas infantiles que dan trabajo a cuatro mil personas», aunque después «arrea doscientas aulas más a las 35 para el año que viene» vía proyecto de ley.

La presidenta del PPCV afirmó que el «plurilingüismo que defiende Marzà» es en realidad «inversión lingüística», y recordó que si es necesario irán a los tribunales «para decirles basta ya al tripartito» por querer «limitar el derecho de elección de las familias valencianas» en materia de educación.