Los recortes llegan a los ex presidentes

Todos los partidos, en mayor o en menor medida, están de acuerdo en que hay que cambiar la ley para reducir sus privilegios

Dicen de los expresidentes del Gobierno que son como los jarrones chinos, que nadie sabe muy bien dónde ponerlos y que siempre acaban molestando. Sin embargo, tanto los jefes de Gobierno del Ejecutivo central como los de la Generalitat tienen asegurado su acomodo. Según la Ley del Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat valenciana, aprobada en 2002, se les debe garantizar que «puedan atender sus necesidades de presencia social de acuerdo con la dignidad y el decoro de las altas funciones ejercidas».

Así, no solo tendrán tratamiento vitalicio de Molt Honorable, sino que dispondrán de medios físicos de apoyo. El Consell pondrá a su disposición «los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo» compuesta por dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, un local y los servicios de seguridad que se consideren necesarios.

Para completar su estatus, la Ley les asigna también un puesto de consejeros permanentes en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y que «ostentarán, desde el momento en que se produzca su cese». Lo ocuparán de manera vitalicia. El expresidente Francisco Camps es el único que se ha acogido a este derecho, el resto solicitaron la suspensión temporal. Cobrarán por esta labor durante un máximo de 15 años, siempre que no tengan otro puesto de responsabilidad ejecutiva en la Administración pública. Si se da este supuesto, seguirán teniendo derecho al resto de medios materiales. Este es el caso de Alberto Fabra, que aun siendo senador pidió su oficina de apoyo.

Desde la publicación de esta ley se han producido muchos cambios sociales y políticos. Han pasado tres presidentes por el Palau de la Generalitat y la sociedad se muestra abiertamente en contra de esta clase de privilegios. La próxima semana Les Corts debatirán una Propuesta de Ley presentada por Podemos para cambiar este Estatuto. Pide derogar todos los privilegios materiales argumentando que no les obliga a desempeñar función alguna a cambio ni deben rendir cuentas sobre su utilización.

Sostienen que en el contexto actual de «crisis económica, el incremento de la desigualdad social y la corrupción política», es innecesario otorgar tales privilegios a «quienes tuvieron el honor de ostentar la más alta magistratura de nuestra Comunitat». El reconocimiento debe quedarse en el ámbito protocolario y marcan una excepción: que se conozcan «hechos que lo hagan indigno».

La aprobación de esta ley supondría la supresión inmediata de todos los privilegios. No obstante, el resto de grupos parlamentarios se muestran partidarios de aplicar cambios más suaves. El PSPV defiende una fórmula que evite la «utilización perversa» de la actual Ley. Considera que si desarrollan otra actividad no tienen por qué disponer de medios materiales y que, en cualquier caso, todo el que los utilice debe rendir cuentas ante Les Corts por su uso. También cree necesario introducir un mecanismo para eliminar cualquier privilegio y reconocimiento si protagoniza actitudes reprobables.

El PP comparte esta postura en rasgos generales, pero añade que las cuestiones relativas a la seguridad deben justificarse con un informe policial.

Compromís presentó en 2011 su propia PL, pero no se pudo tramitar. Propone ampliar las incompatibilidades y eliminar los privilegios materiales cuando un expresidente acceda a las funciones directivas o de asesoramiento de una empresa, a no ser que se trate de una compañía familiar o de titularidad propia. Añade un artículo que dicta que perderá sus privilegios si es condenado por sentencia firme por delitos relacionados con la prevaricación.

Ciudadanos cree que los privilegios de los expresidentes no deben ni pueden ser eternos. «Sí se deben ofrecer mecanismos y fórmulas de transición, para que una vez abandonen el cargo puedan recolocarse en el mercado laboral de forma efectiva, y se acabe con las puertas giratorias». Recuerdan que han propuesto la supresión del CJC, organismo que genera duplicidades y un gasto innecesario (2,4 millones de euros).