Oltra acata el auto del plurilingüismo pero continúa aferrada a sus objetivos

La portavoz de Educación del PP afirmó que «Marzà no está legitimado para seguir en su cargo»

«Acatamos el auto aunque no compartimos el contenido», relató ayer la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, con un tono de voz crispado y acompañado de un gesto donde la tensión era evidente, cuando fue interpelada por la prensa sobre la valoración del Consell ante la resolución que ordena la suspensión «íntegra» del plurilingüismo.

Como portavoz de su equipo de gobierno, y en el que también se íntegra el conseller de Educación, Vicent Marzà, quien todavía no ha comparecido tras el varapalo judicial, Oltra puntualizó que cederán a las exigencias del TSJ pero que, en lo que respecta a los objetivos del Consell, no darán su brazo a torcer.

«De ahí nadie me va a llevar a cambiar». Unas palabras contundentes a la par que desafiantes pero que pierden peso y validez conforme se pronuncia el Tribunal Superior.

El TSJ rechazó ayer el recurso de reposición presentado por la Generalitat, un día después de que la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso suspendiera la normativa lingüística no universitaria por «discriminar a los alumnos de la rama castellana».

En palabras textuales, los magistrados sostienen la anulación de la disposición adicional quinta de la norma por entender que «los que eligen el valenciano como lengua vehicular reciben más horas de docencia de inglés». Una cuestión que Oltra dijo «no entender», alegando que «el Consell elaboró un decreto que se ajusta a los derechos y que persigue que los alumnos dominen las dos lenguas oficiales -el castellano y el valenciano- y la extranjera -el inglés-. Pero parece que algunos colectivos quieren que solo sepan inglés quienes lo pueden pagar».

Con todo, en ninguna parte de la Pieza Cautelar aparece recogido el rechazo a los fines que persigue el Consell, sino en el cómo queda configurada la normativa lingüística no universitaria.

Por lo que respecta a la asignación de cometido, el auto obvió la responsabilidad del conseller, Vicent Marzà, en lo que respecta a acatar las exigencias judiciales y volver a la normativa del PP, es decir, a la de 2012. Sino que será el secretario autonómico, Miquel Soler quien asuma esta tarea.

Con todo, la comunidad educativa no se olvida de Marzà. Ayer la portavoz de Educación del Grupo Popular, Beatriz Gascó, instó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig a «anunciar la salida del conseller» adhiriéndose, en este sentido, a la voluntad de otras asociaciones como Fcapa, Mesa por la Educación en Libertad o Idiomas y Educación, quienes enunciaron el mismo anhelo en los días previos.

«Ha mentido, ha vulnerado derechos fundamentales, ha chantajeado a familias y centros educativos, por lo que no está legitimado para seguir en su cargo», denunció Gascó al tiempo que indicó que «Puig y Oltra, se han convertido en cómplices de esta situación».

Un aspecto en el que coincide con la vicepresidenta del Consell que admitió que «todos somos responsables -en alusión a su equipo de gobierno-, Marzà tiene nuestro apoyo», sentenció.

Un respaldo que va a necesitar porque, aunque Oltra augura que el curso «arrancará con toda normalidad», se amontonan «los deberes de verano» para el conseller. Ayer, el TSJ reclamó a Educación la devolución del concierto a El Pilar. De modo que ya van seis los colegios que recuperarán las líneas denegadas de cara a septiembre, siempre que paguen la fianza que les pide el Tribunal Superior.