Oltra ataca al TSJ porque no da la razón al Consell en Educación

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, abandonó ayer el lenguaje políticamente correcto y atacó directamente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por las decisiones judiciales tomadas en los últimos meses en asuntos de Educación. Tanto, que llegó a decir. «Estoy estupefacta con algunos autos judiciales actuales que hacen tutela de privilegios, no de derechos». Clara, directa y sin rodeos.

Todo porque el TSJ, tras ordenar la paralización del decreto de plurilingüismo, ha dado la razón a los colegios La Purísima de Valencia y Domus de Godella que recurrieron la decisión de la Conselleria de Educación de no renovar el concierto en Bachillerato. Cuestionó la tesis del tribunal y defendió que el daño irreparable lo genera la decisión judicial tomada porque habrá menos dinero para pagar plazas públicas ya que habrá que destinarlo a las «privadas».

Mismo término, «daño» es el empleado por la comunidad educativa, pero, en contraposición a las palabras de Oltra, la negligencia la atribuyen al Gobierno del Botànic.

«Deberían plantearse el daño que están haciendo a todo el sistema educativo que se ve obligado a acudir a los tribunales al vulnerarse sus derechos» denunció Vicente Morro, portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, quien aplaudió que el Alto Tribunal, finalmente, velara por el interés general.

«Las dos grandes apuestas de la Generalitat, el decreto de conciertos y el plurilingüismo, han sido los motivos de las grandes movilizaciones en la Comunitat en defensa de la libertad educativa y acumulan decenas de denuncias ante la Justicia»

Exactamente son cinco los recursos todavía pendientes contra Conselleria: el de Fcapa, el de Escuelas Católicas, el del PP y el de dos asociaciones de padres.

A día de hoy, tan solo dos de los 31 centros afectados por la supresión de los conciertos decretado por el conseller de Educación, Vicent Marzà, han recuperado sus clases de Bachiller a través de la vía judicial.

Además del trastorno que ha supuesto para los padres, los dos centros, tanto Domus como La Purísima Franciscanas, se verán obligados a pagar una fianza, equivalente al coste del concierto de las aulas que vuelven a estar sostenidas por fondos públicos. A pesar del esfuerzo económico, ambas instituciones volverán a ofertar las plazas de 1º de Bachillerato, solicitando para su consecución un periodo de matrícula extraordinario.

La vulnerable situación de los centros concertados dentro de los confines de la Comunitat no se trata de un caso aislado, sino que trasciende hasta en seis autonomías.

Tal como denunció ayer Rafael Hernando, portavoz del grupo parlamentario popular, «el derecho a la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución se está distorsionando por algunas administraciones educativas al reducir de forma injustificada unidades concertadas».

Junto a Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias, la Comunitat Valenciana encabeza la lista.