Ribó pide archivar la denuncia por la encuesta por la que podría pagar hasta 1,2 millones

El equipo jurídico del Ayuntamiento solicitará el archivo del requerimiento que la Agencia de Protección de Datos ha abierto a la encuesta realizada a los falleros por la supuesta utilización fraudulenta de su contenido.

Defienden que la sanción se basa en la tenencia y utilización de datos de carácter personal de las personas encuestadas, hecho que «nunca se ha producido». Fue el presidente de la gestora del PP municipal, Luis Santamaría, quien informó de que la Agencia de Protección de Datos había abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento por dicha encuesta, en la que se preguntaba por cuestiones como las afinidades políticas o la religión de los participantes. Preguntó quién se haría cargo de la multa, en caso de que la sanción prosperase, que supondría un mínimo de 300.000 euros y un máximo de 1,2 millones de euros.

Desde la Concejalía de Cultura Festiva aseguran que esta actuación solo se entiende por una motivación estrictamente política y no desde un punto de vista jurídico e inciden en que la empresa destruyó esos datos el día 1 de julio, tal y como comprobaron dos técnicos de la Agencia de Protección de Datos.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, señaló al alcalde de Valencia, Joan Ribó, como responsable político de la sanciones y recordó que respaldó la encuesta.

30 millones en personal

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Eusebio Monzó, se mostró ayer preocupado por el incremento del gasto de personal alentado por el alcalde, Joan Ribó, que va a disparar el presupuesto destinado para nóminas en los dos próximos años en 30 millones. Apoya la convocatoria de oposiciones, pero siempre desde la racionalidad.