TSJ llevará al TC el decreto de Marzà que burlaba la suspensión del plurilingüismo

Pide a las partes que se pronuncien y plantea que se puede haber vulnerado la tutela judicial

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha planteado a las partes que se manifiesten sobre la posible inconstitucionalidad del decreto ley 3/2017, impulsado por el conseller de Educación, Vicent Marzà. Este decreto fue redactado para esquivar la suspensión cautelar que pesaba sobre el decreto 9/2017, conocido como del Plurilingüismo, y cuya suspensión fue dictada por el propio TSJCV.

Es decir, el conseller Marzà promovió un decreto ley, que se aprobó el 1 de septiembre de 2017, para evitar que, ante la suspensión que el TSJ había dictado del conocido como Decreto del Plurilingüismo, se volviera a la situación previa y se aplicaran los criterios de la ley anterior impulsada por el PP, a la hora de determinar las horas lectivas que se debían impartir en cada idioma en la educación obligatoria y el bachiller.

Marzà, de este modo, se saltaba una medida cautelar dictada por un tribunal utilizando munición de gran calibre: promulga un decreto con rango de ley que impide cumplir lo que ordena el Tribunal Superior.

La propia Sala de lo Contencioso explica que «a tenor del título del propio decreto ley y su exposición de motivos, pone de relieve que pretende poner en marcha el sistema establecido por el Consell y que estaba suspendido por el Tribunal».

En la providencia del TSJ no se entra a valorar si el Decreto de Plurilingüismo es o no constitucional, sino que pone en entredicho «la trampa» que supone promulgar un decreto ley para saltarse la orden de un juzgado.

Se prevé que tanto la Fiscalía como la Diputación de Alicante y la Asociación para la Defensa del Castellano, ambos denunciantes, pidan al TSJ que siga adelante y plantee cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.

Además, la providencia del TSJ no olvida que la «maniobra» de Marzà ha sido también secundada por el Parlamento Valenciano que homologó el decreto ley con la complicidad de Compromís, Podemos y el PSPV.

La providencia apunta la posible vulneración del artículo 86.1 de la Constitución Española en relación con el artículo 44.4 de reforma del Estatuto de Autonomía; y el artículo 24.1 de la Constitución que ampara el derecho a la tutela judicial efectiva contra la arbitrariedad.