Policía

Valencia quiere poder cerrar locales que incumplan la ley

El Ayuntamiento ha pedido a la Generalitat recuperar las competencias para penalizar a bares, discotecas y pub que no acumulen denuncias

Los vecinos de Ciudad Jardín protestaron ayer ante las puertas de la Plaza del Ayuntamiento
Los vecinos de Ciudad Jardín protestaron ayer ante las puertas de la Plaza del Ayuntamientolarazon

El Ayuntamiento de Valencia ha pedido a la Generalitat recuperar las competencias para cerrar locales de ocio nocturno cuando estos cometan sanciones graves. En la actualidad, la Policía Local tiene la potestad de imponer multas y sanciones y aunque estas se acumulen y se repitan, el Consistorio no es competente para cerrar el negocio.

Según explicó ayer la concejala de Seguridad Ciudadana, Sandra Gómez, a tenor de las últimas protestas de los vecinos de la plaza del Cedro, «el ruido dificulta mucho el derecho al descanso», y aunque en esa zona haya una patrulla policial permanentemente de jueves a sábado que dedica a denunciar los horarios de cierre, el exceso de terrazas o imponiendo sanciones por sacar bebidas a la puerta de la calle, la competencia para ordenar el fin de la actividad de estos establecimientos es autonómica. «Queremos recuperar el control de la ciudad», aseguró la edila.

Asimismo, denunció que existe «un abuso por parte de los hosteleros que lo saben y que infringen las normas constantemente».

Al respecto, desde la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) defendieron la profesionalidad del sector. «Si hay alguien que incumple las normas, nos perjudica al resto, porque es competencia ilegal». De igual modo, recordaron que fueron ellos los que hace ya diez meses enviaron una propuesta a la Concejalía para instaurar la figura del mediador social a fin de «lograr una oferta de ocio nocturno atractiva para los clientes y que a la vez sea compatible con el derecho al descanso vecinal». No obstante, según apuntan desde la FEHV están «a la espera de que el Ayuntamiento mueva ficha».

Con todo, el traspaso de competencias que pide el Gobierno de Joan Ribó no es fácil. «El problema del nuevo Consell es que se encontraron un equipo de trabajo mínimo en el servicio para atender todas las sanciones de la Comunitat, con solo dos funcionarios»