Carmena «claudica» ante Montoro y dinamita su Gobierno

El Gobierno de Ahora Madrid aprueba su cuarto Plan Económico Financiero con la «conformidad del Ministerio de Hacienda»: aplaza el cumplimiento de la regla de gasto a 2018 a cambio de asumir las tesis de Moncloa.

El conflicto abierto entre el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Madrid se cerrará en las próximas semanas. Las cuentas municipales dejarán, de esta forma, de estar tuteladas desde Moncloa. El Ejecutivo de Manuela Carmena (Ahora Madrid) aprobó ayer en Junta de Gobierno un nuevo Plan Económico Financiero (PEF) para 2017 y 2018, que permitirá al consistorio de la capital regresar al cumplimiento de la regla de gasto. El Pleno de Cibeles deberá ratificar este documento el lunes en una sesión extraordinaria. Tras cumplirse este trámite –para el que será necesario que el grupo municipal de Carmena reciba, al menos, el apoyo del PSOE o la abstención del PP–, será el Ministerio de Hacienda el que evalúe el PEF y, en su caso, lo apruebe. Se da por sentado, tanto en el Ejecutivo municipal como entre los grupos de la oposición, que este plan, que es el cuarto que ha elaborado el equipo económico de Ahora Madrid desde su llegada al Gobierno, será el bueno y, por tanto, el que reciba el visto bueno del ministro Cristóbal Montoro. La propia alcaldesa reconoció ayer que se había elaborado «con conformidad de Hacienda». Desde el Ministerio precisaron ayer que, una vez sea aprobado por el Pleno, se pronunciarán respecto al PEF.

El Plan Económico aprobado ayer supone que Manuela Carmena y el Gobierno de Ahora Madrid en su conjunto asumen e incorporan a sus cuentas para los años 2017 y 2018 las tesis del Ministerio. El delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, ha representado durante estos dos años de conflicto la posición más dura contra las directrices impuestas desde la administración estatal para cumplir con la regla de gasto. Pese a ello, fue el propio Sánchez Mato el que presentó ayer el PEF en la reunión del Ejecutivo municipal y «naturalmente», señaló la alcaldesa, el encargado de avalar con su firma el documento. En declaraciones a los medios, Carmena insistió en que el Ayuntamiento ha seguido «rigurosamente las instrucciones del Ministerio» en su nueva hoja de ruta económica. En su análisis, sin embargo, Carmena prefirió poner en valor los puntos de acuerdo alcanzados con Hacienda en las últimas semanas. Ya no hay «teléfono escacharrado», añadió, sino un «diálogo necesario»: «Madrid recobra toda su normalidad, no había intervención pero si teníamos unas medidas de tutelaje que una vez que nos hemos acoplado a estos requerimientos ya no los tendremos».

El recorte, en 2018

Según contempla el PEF, las medidas previstas por el Gobierno municipal no evitarán el incumplimiento de la regla de gasto en 2017, en concreto, en una cantidad de 100 millones de euros. Sin embargo, «en el ejercicio 2018 se corregiría la situación de incumplimiento producida en los ejercicios 2016 y 2017». Frente al incumplimiento de la regla de gasto en 100.099.832 euros que el PEF da por descontado para este año, en 2018 «se prevé un cumplimiento que alcance 501.471 euros». El Gobierno municipal también informa al Ministerio de los acuerdos de no disponibilidad aprobados por el Pleno hasta la fecha así como los que el área de Economía y Hacienda llevará para su votación a la sesión del próximo jueves en Cibeles, y que suman retenciones por valor de 134 millones. Para 2018, el Ejecutivo municipal deberá aprobar retenciones que sumen otros 243 millones de euros. En paralelo, los cálculos del Ejecutivo de Carmena plantean que la liquidación de 2017 arrojará un remanente de tesorería «en el entorno de los 1.100 millones», que a lo largo del próximo año podrá ser utilizado para costear inversiones financieramente sostenibles. Todos estos ajustes tendrán como respuesta por parte del Ministerio el levantamiento de la tutela semanal de las cuentas.

Solventado el problema de puertas para fuera, con este nuevo PEF Carmena se expone ahora a que las tensiones dentro de su Gobierno se disparen. Ayer ya, varios partidos y entidades con representación dentro del grupo municipal se apresuraron a hacer público su frontal rechazo al nuevo rumbo emprendido por el Ayuntamiento. Izquierda Unida, Ganemos y Anticapitalistas firmaron un manifiesto elaborado por la plataforma Madrid no se Toca que señala que «claudicar ante las exigencias de Montoro significa renunciar al cambio político que propició en 2015 la llegada al gobierno municipal de Madrid y otras ciudades de una candidatura que prometió gobernar para las vecinas y vecinos». Los partidos y entidades firmantes avanzan su intención de llevar a cabo movilizaciones de rechazo al nuevo PEF: «Quien priorice la obediencia a Montoro, sobre el compromiso electoral, estará cometiendo un error político al que nos opondremos organizadas y en la calle». Se da la circunstancia de que el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, forma parte de Izquierda Unida, lo que le sitúa en una complicada situación al haber firmado el documento que su partido califica como una claudicación. La primera gran prueba de fuego para calibrar hasta qué punto el acuerdo entre Carmena y Montoro ha erosionado a Ahora Madrid llegará el lunes durante la votación del PEF. En principio, hasta seis concejales –los tres de Izquierda Unida y los tres de Ganemos– están encuadrados en formaciones que rechazan los recortes que deberá asumir el consistorio.

«El delegado debe dimitir»

El portavoz adjunto del PP, Iñigo Henríquez de Luna, aseguró ayer que el aparente final del conflicto con Hacienda pone de manifiesto que era posible encontrar una solución: «Si se hubieran hecho las cosas bien y Sánchez Mato no hubiera emprendido el desafío a la ley de la regla de gasto no tendríamos esta situación caótica que tenemos en las cuentas municipales». Henríquez de Luna insistió en la necesidad de que el delegado de Economía dimita. Desde el grupo municipal de Ciudadanos lamentaron el «caos» en el que ha sumido el equipo de Ahora Madrid a la ciudad mientras que el PSOE repartió culpas entre el Ministerio y el propio Ayuntamiento en esta crisis.