Carmena desobedece «otra vez» a Hacienda

El Ayuntamiento ignora dos peticiones del departamento de Montoro que le exigen la anulación de créditos por un importe de 302 millones de euros. Sánchez Mato asegura que ya se ha gastado el 43% de los fondos, que fueron aprobados entre junio y julio, en 557 proyectos «prioritarios».

De nuevo unas inversiones, en esta ocasión por un importe de 302 millones de euros, han reabierto la «guerra» entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda. A petición del equipo que dirige Cristobal Montoro, la Delegación del Gobierno en Madrid ha remitido desde el pasado 25 de julio al Ejecutivo de Manuela Carmena varias misivas en las que se «formula requerimiento de anulación» de hasta doce acuerdos que el Pleno de la capital aprobó entre los meses de junio y julio y que, según Hacienda, podrían no ajustarse a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En concreto, el Ejecutivo central pide al consistorio de la capital que invalide los acuerdos plenarios que aprobaron dos ampliaciones de crédito de 230 y 72 millones de euros, respectivamente, al considerar que «estaría provocando un incremento de gasto en créditos que previamente han sido declarados como no disponibles».

La historia de ese crédito «no disponible» se remonta a unos meses atrás. En su carta Hacienda se refiere a los acuerdos de no disponibilidad que el Ayuntamiento aprobó el 26 de abril y el 31 de mayo pasados y que dejaban bloqueados 238,3 millones de euros del presupuesto municipal. Entonces los de Carmena claudicaron y, denuncia mediante al ministerio, hicieron caso a Montoro y dejaron esos 238 millones fuera de los Presupuestos. Ahora el Gobierno de España considera que los nuevos acuerdos de modificación presupuestaria que aprobaron en los últimos plenos «totalizan el 90%» del importe paralizado por incumplir el techo de gasto del ejercicio 2016 y que, de nuevo el Ayuntamiento se está saltando la ley en materia económica.

Lo peor es que, esta vez, la solución al problema que enfrenta a ambas administraciones no tiene tan sencilla solución. Según el Ayuntamiento, la petición –muy concreta y que afectaría hasta a 557 proyectos en todos los distritos de la capital–, es ya «imposible» de cumplir porque se han gastado un 43% del montante que ahora solicitan anular. En unas declaraciones remitidas a los medios, el responsable de las cuentas municipales, Carlos Sánchez Mato, explicó que las partidas aprobadas durante los últimos meses en Cibeles son «actuaciones prioritarias que han sido pedidas por los plenos de distrito» y creyó que la nueva petición de Hacienda «no se ajusta a Derecho». «No hay razón ni motivo para paralizar 577 actuaciones entre las que están la compra de autobuses, la operación asfalto, mejoras en colegios, restauraciones en edificios municipales... Se trata de una actuación ajustada a la ley. Madrid necesita actuaciones de inversión», añadió el delegado quien habló de las «alternativas» que ha tenido que poner en marcha el Ejecutivo municipal para llevar a cabo las citadas inversiones: «Hicimos suplementos de crédito financiados, en vez de con presupuestos, con el remanente del ejercicio anterior y que está contemplado en la Ley de Presupuestos». En su carta de respuesta Ahora Madrid rechaza el requerimiento al no haberse «tenido en consideración la normativa financiera y presupuestaria que ampara las modificaciones presupuestarias aprobadas». Existe una «habilitación legal expresa para poder incorporar el superávit presupuestario del ejercicio anterior», subraya la misiva.

No se paraliza nada

Desde el ministerio recalcan que estos requerimientos al Ayuntamiento no suponen que Hacienda ordene la paralización de ningún proyecto y recalcan su advertencia sobre la solución de Sánchez Mato que supone de nuevo el incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad y podría tener, entre sus consecuencias inmediatas, la apertura de un procedimiento judicial por la vía contencioso-administrativa.

En el Ayuntamiento, de momento, lo tienen claro. «Cuando fuimos requeridos por Hacienda a inmovilizar del presupuesto de 2017 238 millones de euros, lo hicimos en los plazos fijados y buscamos alternativas», explicó Sánchez Mato en referencia a sus «alternativas» que, añadió, demuestran que «existe la posibilidad de actuar sin dañar las políticas públicas».

En este nuevo enfrentamiento con el Gobierno los de Ahora Madrid sólo han encontrado apoyo en sus socios de investidura. Así, la concejal socialista Erika Rodríguez acusó a la Delegación del Gobierno, y por extensión a Hacienda, de querer provocar «recortes sociales». Según la representante del PSOE la interpretación que el ministerio hace de la regla de gasto «no es una garantía de estabilidad presupuestaria, sino un lastre para el desarrollo y crecimiento económico que garantice una salida efectiva y sostenible de la crisis». Aseguró en declaraciones a Ep que su grupo «rechazará con todos los medios a su alcance» la imposición de «medidas injustas y desproporcionadas» y pidió explicaciones al PP que, dijo, «votó a favor de algunos de estos acuerdos en el Pleno».

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, exigió por su parte a la alcaldesa que cumpla la ley «como todos» y le pidió que saque «tarjeta roja y expulsión» al edil de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato tras la nueva advertencia del Ministerio, «la segunda» en tan solo unos meses por el incumplimiento en la regla de gasto. Además, manifestó que lo que no puede ser es que el Ayuntamiento pretenda «colar» inversiones «a través de partidas presupuestarias camufladas» intentando engañar a todos los madrileños por «enésima vez». «Es un ejercicio de trilerismo político al que el concejal Sánchez Mato nos tiene ya, desgraciadamente, muy acostumbrados», concluyó. En la misma línea, el edil de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Miguel Angel Redondo, acusó al delegado de Economía y Hacienda de utilizar a los «madrileños como rehenes» en sus disputas con el Ministerio de Hacienda. Desde C’s recordaron que los acuerdos de no disponibilidad relativos al incumplimiento de la regla de gasto «ya fueron adoptados y siguen vigentes en su totalidad».