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Carmena «pierde» más de 100 millones de euros en inversiones

Aunque ha aprobado un gasto de 165 millones de euros en Inversiones Financieramente Sostenibles en los últimos diez días del año, el Ayuntamiento cerró ayer el ejercicio de 2017 con parte de este presupuesto en su haber. Tendrá que destinar la cifra que no ha dedicado a los madrileños a amortizar deuda.

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Tiempo de lectura 4 min.

30 de diciembre de 2017. 00:30h

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Paula Poveda 30/12/2017

Los madrileños reciben hoy la factura de la mala relación que, a lo largo de todo el año, han mantenido el Ejecutivo de Manuela Carmena y el Ministerio de Hacienda. Y es que después de los últimos cuatro días hábiles de 2017, que pasarán a la historia del Ayuntamiento de Madrid como los de mayor gasto o, al menos, mayor inversión en más variado catálogo de actuaciones, el consistorio se ha dejado sin gastar más de cien millones de euros del presupuesto que debían dedicar a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Una cifra que ronda los 355 millones de euros que, al no haber sido ejecutada como consecuencia de los sucesivos PEF inválidos que presentó el destituido Carlos Sánchez Mato, servirán ahora para amortizar deuda en lugar de para lo que estaban destinados: llevar a cabo actuaciones que puedan disfrutar ya los ciudadanos.

El pasado 18 de diciembre el Ministerio de Hacienda aprobaba finalmente el Plan Económico y Financiero de Madrid y permitía al Ejecutivo de la capital continuar con la ejecución de todas las obras que se habían paralizado gracias al desbloqueo de los 355 millones de euros (de los que 275 corresponden a IFS de verano y 80 más al aprobado en septiembre) que el Ayuntamiento mantenía congelados por orden de Montoro.

Al equipo de Gobierno de Ahora Madrid apenas le ha quedado un plazo de diez días para autorizar inversiones antes de que expire el plazo marcado por la ley para hacerlo y que no es otro que el 31 de diciembre o, en este caso, el 29, último día laborable en el Ayuntamiento antes de que arranque 2018. Esta, y no otra, es la explicación a que desde el pasado martes y hasta ayer se hayan celebrado cuatro Juntas de Gobierno, una diaria, en las que han aprobado un gasto total que supera los 165 millones de euros.

Mínimo gasto social

De los 355 millones que el Ayuntamiento tenía para invertir, alrededor de 124 fueron a parar directamente a la EMT (que ha anunciado mejoras en las paradas), la funeraria o el Organismo Autónomo Informática (IAM). Con los 230 millones restantes el consistorio ha puesto el acelerador y, desde el pasado día 20, ha logrado aprobar expedientes, autorizar contratos y convalidar gastos por más de 165 millones de euros (en los que hay también incluidas partidas para la EMT por 43 millones). Pero no ha logrado gastar todo y la ley obliga a los ayuntamientos a amortizar su deuda con los más de 108 millones de euros restantes.

Con casi 55 millones de euros en inversiones aprobados en los últimos días, el área de Medio Ambiente y Movilidad ha sido la mayor beneficiada en el «sorteo» de las IFS. El área de Economía y Hacienda ha encargado la ejecución de obras dentro de la reforma integral de la Unidad Especial de Tráfico, la Unidad Integral de Distrito de la Policía o el pabellón de la Pipa. También invertirá en la modernización de las instalaciones de varios centros deportivos municipales. Su gasto total roza los 38 millones. Desarrollo Urbano Sostenible, con más de 33 millones, prevé la reurbanización de varias calles del distrito Centro, la informatización del inventario sobre el estado de los pavimentos de la ciudad e iniciar las obras de construcción de varios itinerarios ciclistas. Con 15,5 millones adjudicados, la concejalía de Cultura y Deportes que continúa dirigiendo la alcaldesa inyectará prácticamente todo su crédito en las cuentas de Madrid Destino. Los distritos, por su parte, recibirán más de 9 millones repartidos a través del área de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social.

Las carteras que se dedican al gasto social para los madrileños son las que menos dinero han recibido en el último reparto del año. El presupuesto que van a recibir las áreas de Equidad, Derechos Sociales y Empleo (con 5,32 millones de euros) o la de Políticas de Género y Diversidad (con 2,3 millones) está muy por debajo del que han solicitado todas las anteriores concejalías. A la Coordinación General de Alcaldía que dirige Luis Cueto le han caído 2,1 millones (que gastará en convenios internacionales con Iberoamérica o la ONU), cifra muy similiar a la dedicada por el Gobierno de Ahora Madrid al área que combate los crímenes machistas.

Por último, a Salud, Seguridad y Emergencias se le han asignado 305.000 euros; 4.500 a la portavocía que encabeza Rita Maestre o 713 euros para la gestión de Mauricio Valiente, Tercer Teniente de Alcaldía. Los gastos de la gerencia de la ciudad (sobre todo la inversión en servicios postales de la administración municipal) van a recibir 3,8 millones de los últimos gastos aprobados por el Gobierno de Carmena.

Interventores en turno de noche

Desde que Hacienda levantó sus restricciones sobre las cuentas de la capital el Ayuntamiento ha autorizado un gasto de más de 165 millones de euros, pero que haya recibido la aprobación de la Junta de Gobierno no quiere decir que todos los proyectos a los que los de Carmena han adjudicado presupuesto en estos diez días vayan a recibirlo. Tras recibir la orden de los concejales del Gobierno de la capital, se pone en marcha el engranaje de interventores municipales y técnicos de contabilidad. Una maquinaria que ayer tuvo trabajo hasta el filo de la media noche para lograr introducir los datos de todos los expedientes que habían recibido luz verde hasta ayer. A partir de las 00:01 horas de hoy día 30 de diciembre cualquiera de las anotaciones que hayan querido registrar en el SAP (el sistema informático que emplea el consistorio para llevar a cabo su gestión económica y financiera) se ha quedado fuera. Todos los convenios y acuerdos que no estuvieran introducidos a esa hora no serán ejecutados. Al cierre de esta edición fuentes municipales dudaban de la posibilidad de que los funcionarios hayan tenido tiempo de registrar todos los gastos.

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