CC OO «judicializa» las aulas en Madrid

El sindicato presenta más de un recurso al mes ante los tribunales. En los 48 procedimientos que ha abierto contra el sistema educativo madrileño desde 2014 ha intentado anular, sin éxito, la creación de nuevos colegios públicos y ciclos de FP, la admisión de alumnos o la regulación de la concertada.

Un total de 48 procedimientos judiciales desde 2014, o lo que es lo mismo, más de un recurso al mes, ha impuesto la Federación Regional de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC OO) contra prácticamente todas las propuestas que han partido de la Consejería de Educación en el citado periodo. Decretos, órdenes o resoluciones que regulan aspectos tan esenciales para la actividad educativa como el procedimiento para la admisión de alumnos, la creación de nuevos colegios públicos, la implantación de proyectos propios en los centros, el desarrollo de los currículos de ESO y Bachillerato, o el plan de formación continua para profesores de la región, han sido recurridos por el sindicato. Del total de 48 procedimientos judiciales presentados entre 2014 y 2017, CC OO fue especialmente prolífica en 2015. Coincidiendo con la celebración de las elecciones, presentó un total de 23 recursos, prácticamente dos cada mes.

Fuentes de la consejería de Educación consideran que la judicialización que el sindicato está realizando no es más que «un intento evidente de paralizar el desarrollo normativo de la educación madrileña». Hacen esta afirmación basándose en los datos: la realidad es que la Justicia apenas ha estimado favorablemente una denuncia al año de las propuestas por este sindicato ante los tribunales.

Si alguno de esos recursos hubiese prosperado, se habrían paralizado o puesto en peligro cuestiones tan importantes en el funcionamiento del sistema educativo como el proceso de admisión de alumnos en los centros públicos y concertados, la obtención de la habilitación lingüística de profesores para impartir enseñanzas bilingües en colegios e institutos de la región, la implantación de proyectos propios en los centros que imparten FP y enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad en centros públicos, los currículos de Secundaria o Bachillerato, o la creación de nuevos colegios públicos y de educación especial en Colmenar Viejo, Getafe, Parla y San Sebastián de los Reyes. Además, en los últimos meses, el sindicato presentó un recurso para paralizar la orden que regulaba la nueva evaluación final de Bachillerato para el acceso a la universidad, que podría haber dejado en una situación de incertidumbre a 31.000 estudiantes de la región.

Potenciar y mejorar potenciar y mejorar el diálogo con la comunidad educativa madrileña fue una de las misiones que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, encomendó a su responsable de Educación al inicio de la legislatura. Ahora, con el ecuador del mandato cumplido, desde el gabinete de Rafael van Grieken aseguran que, con la excepción de CC OO, el Ejecutivo regional ha logrado estos dos últimos años recuperar el diálogo entre la administración y los miembros de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos sindicatos...). De hecho, apuntan, esta buena relación se ha traducido ya en un principio de acuerdo con los sindicatos del sector para contratar 2.800 nuevos profesores, reconocer el pago del verano a los profesores interinos o mejorar las condiciones laborales de los docentes. Hace un año también se selló otro importante acuerdo con las centrales sindicales sobre la ordenación de las listas de profesores interinos. Esto en la pública, porque en la concertada también han alcanzado pactos como la recuperación de once conciertos de la Formación Profesional de Grado Superior, que se habían suprimido en 2013 para sustituirlos por un sistema de becas. Además, aseguran desde el departamento de van Grieken, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en el que están representados los diferentes sectores de la comunidad educativa, «se ha erigido como base de la discusión y el debate, abierto y constructivo, de las cuestiones educativas madrileñas, aspecto que reconocen la práctica totalidad de los miembros de la comunidad educativa». En medio de este ambiente, aseguran, CC OO permanece como elemento de enfrentamiento en una actitud que recuerda más a anteriores legislaturas en las que las manifestaciones de la marea verde eran una constante. En concreto apuntan a Isabel Galvín, secretaria general de enseñanza en CC OO Madrid que, explican, llegó el pasado mes de junio a amenazar a Educación con poner una denuncia más si no retiraban una nota de prensa sobre el nuevo calendario escolar. Para no fallar a la «tradición», el sindicato puso el recurso y, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo ha admitido a trámite.

Último enfrentamiento: el calendario escolar

El pasado viernes 16 de junio la Consejería comunicaba mediante una nota de prensa el nuevo calendario escolar para 2017/18, que incluye el adelanto de los exámenes de septiembre a junio en ESO, Bachillerato y FP. Un día antes de hacer esa comunicación, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid votaba por unanimidad y con el voto a favor de CC OO, el dictamen del nuevo calendario. El acta de la sesión del Consejo estaba firmada y las sesiones se graban. Concretamente, este órgano emitió 15 votos a favor del dictamen del nuevo calendario, cero abstenciones y cero votos en contra. Sin embargo, Isabel Galvín, secretaria general de educación de CC OO en la región –este sindicato apuesta por que los centros de enseñanza privados y concertados sigan los mismos plazos y se elimine la autonomía de la que disfrutan para establecer sus calendarios– aseguró apenas 24 horas después que no era cierto que CC OO hubiera apoyado ese cambio del programa que adelanta la convocatoria de exámenes. De nuevo Galvín llevó la decisión del Consejo Escolar a los tribunales y ahora será el TSJM quien tenga la última palabra en este asunto.