Cifuentes puede pedirle que deje su cargo en el PP

El pasado mes de marzo, tras hacerse con la presidencia del partido en Madrid, Cifuentes aprobó un código ético de obligado cumplimiento para los miembros de su formación, muy similar al que impuso al inicio de la legislatura a los diputados de su grupo en la Asamblea.

La imputación del alcalde de Brunete, del PP, ha encendido algunas alarmas. La oposición se lanzó en tromba el pasado jueves cuando se conoció que el juez que investiga la trama Púnica había imputado a un cargo del Partido Popular. Cristina Cifuentes anunció entonces que convocaría al Comité de Derechos y Garantías, que preside Manuel Quintanar, para tratar el caso de Borja Gutiérrez.

El pasado mes de marzo, tras hacerse con la presidencia del partido en Madrid, Cifuentes aprobó un código ético de obligado cumplimiento para los miembros de su formación, muy similar al que impuso al inicio de la legislatura a los diputados de su grupo en la Asamblea. En éste, se establece como causa de renuncia (artículo 5) «ser investigado formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social».

El abogado del alcalde de Brunete pedirá hoy el sobreseimiento de la causa basándose en que el Ayuntamiento manejó un documento interno de trabajo para la posible contratación de Cofely, pero finalmente el contrato no se llegó a firmar. Y es que, si el juez no levanta la imputación en 24 horas el Comité del PP podría obligar a Gutiérrez a dimitir de su cargo en el PP, es decir, de la presidencia del PP de Brunete. Según el código ético del partido, deben renunciar a su cargo los investigados por corrupción, y en el caso de Gutiérrez su condición de investigado es por un delito contra la Administración Pública, por lo que el alcalde podría «agarrarse» a este matiz para pedir su continuidad en el cargo.

Lo qu eno podrá hacer Cifuentes es exigirle que renuncie a su acta de concejal, ya que según explicaron fuentes de su entorno, los cargos municipales no están sujetos al código que la presidenta regional sí impuso a los diputados regionales, ya que, afirmaron que éstos tomaron posesión bajo la presidencia de Aguirre en el PP y de González en la Comunidad, momento en el que no existía el actual código ético.