Coto a los cebos envenenados

La Comunidad aprueba un plan para coordinar la prevención, detección e investigación del uso de tóxicos contra la fauna regional.

Utilizar veneno para acabar con animales depredadores está prohibido desde los años 80 y son muy numerosas las disposiciones legales que castigan esta práctica, muy peligrosa no sólo para la especie que se quiera eliminar, sino para toda la biodiversidad de la zona donde se emplee. Las multas ascienden a los 30.000 euros en caso de que se atente contra especies en peligro de extinción, mientras que por las vulnerables o sensibles a la alteración del hábitat suponen 15.000 euros. En caso de los animales de interés especial, son 6.000 euros.

Aunque se persigue –y con contundencia– a los que usan cebos envenenados, aún existe quien lo hace. Para ello, el Gobierno regional ha preparado un plan que aprobará en breve el Consejo de Gobierno cuyo objetivo es nada menos que «la erradicación absoluta del uso del veneno en el medio natural de la Comunidad de Madrid». Así lo asegura Diego Sanjuanbenito, director general de Medio Ambiente, que detalla cómo desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se coordinará el plan que implica a varias consejerías, así como al Seprona de la Guardia Civil y a la Justicia.

Hay que tener en cuenta que hasta cinco departamentos sólo del Gobierno regional actúan en torno al problema de los cebos envenenados. Por ejemplo, si el veneno es encontrado por agentes forestales de la Consejería de Presidencia deben coordinarse con la Guardia Civil y con la Consejería de Medio Ambiente, que es la encargada de hacer los análisis del cebo y luego con la administración de Justicia. «Lo que hemos elaborado es un instrumento específico para perseguir esta práctica desde la prevención a la detección, investigación y sanción», señala Sanjuanbenito.

De este modo, el plan se divide en tres campos de actuación: prevención, coordinación y promoción. En el primer apartado se enfocará la atención en los mecanismos para evitar esta práctica y en acciones de búsqueda de veneno en las temporadas que más casos se dan: del 15 de febrero al 15 de julio y del 1 de septiembre al 30 de octubre. Para ello contarán con la colaboración de organizaciones implicadas en la lucha contra el uso de cebos envenenados como SEO/Birdlife, así como el Cuerpo de Agentes Forestales.

También se circunscribirán las búsquedas a las zonas más afectadas por esta práctica ilegal o haya sospechas fundadas, así como aquellas de especial importancia para la reproducción, alimentación o descanso de especies necrófagas (que se alimentan de carroña), con especial atención al águila imperial ibérica, el águila perdicera, el buitre negro, el águila real, el milano real, el milano negro, el lobo ibérico y la avutarda.

Otras zonas en las que se buscarán venenos son las áreas ganaderas y agrícolas afectadas por daños a sus animales por parte de éstos depredadores. Igualmente, se hará un registro de los casos de envenenamiento de animales domésticos en las clínicas veterinarias de las áreas de interés. Una vez detectados los cebos y en coordinación con el Seprona, se activan las medidas de coordinación administrativa y seguimiento del plan. Por un lado, se trasladarán las muestras al centro de atención de fauna silvestre de la Comunidad para su análisis toxicológico, así como su necropsia. Los datos recabados se enviarán a los juzgados o a la Fiscalía de Medio Ambiente, incluyendo una propuesta de medidas cautelares si se consideran necesarias.

Complementariamente, se realizará una base de datos de puntos negros por envenenamiento en la que se incluyan los avisos de hallazgo de muestras biológicas sospechosas de estar envenenadas con su fecha y localización, los casos de envenenamiento, las especies afectadas, un inventario de explotaciones, propiedades o cotos en los que se hayan dado casos o avisos, los términos municipales en los que hayan tenido lugar, los compuestos químicos utilizados así como los resultados de los procedimientos de infracción administrativa y penal.

Con todo ello se elaborará un mapa de antedecentes y riesgos potenciales en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid al que tendrán acceso los Agentes Forestales y técnicos de Medio Ambiente.