La Fiscalía cifra en 5 millones la financiación irregular del PP madrileño

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica, considera que el PP de Madrid tuvo contabilidad "B"de gastos electorales en tres campañas electorales.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el PP de Madrid contravino la normativa electoral en las campañas de las elecciones municipales de 2007, en las autonómicas de 2008 y en las generales de 2011, superando en cada una de ellas «los límites de gasto electoral y derivando su pago a canales opacos de financiación ilegal». En un escrito del pasado 6 de marzo en el que solicitan al juez Eloy Velasco el registro de los domicilios de seis empresarios donantes del PP regional, las fiscales del «caso Púnica» cifran en 4,9 millones de euros (2,6 millones en 2007, 685.000 euros en 2008 y 1,5 millones en 2011) ese exceso de gasto en las campañas referidas, que se habría nutrido supuestamente a través de «diversos canales de financiación irregular». El PP, añade, presentó posteriormente una contabilidad electoral de recursos y gastos «en los que no incluyó esos importes».

En el escrito remitido al magistrado Eloy Velasco, los fiscales Anticorrupción María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá aseguran que tanto la libreta intervenida al ex consejero Francisco Granados, con anotaciones manuscritas sobre gastos electorales, como el pen drive hallado en el domicilio del ex gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez revelan «la existencia de una contabilidad B de gastos electorales de las campañas» de esas tres citas con las urnas.

Anticorrupción identifica los que denomina «circuitos de financiación irregular», entre los que destaca la fundación Fundescam, «un instrumento muy activo» a la hora de allegar fondos opacos al PP madrileño «desviando las subvenciones públicas que recibía de la Comunidad de Madrid a la financiación de los proveedores del partido».

Otro de los sistemas de financiación en negro de los «excesos electorales» se articuló, continúa la Fiscalía, a través de un «sistema de recompensas a los donantes con contratos públicos de la Comunidad de Madrid» (cuyo paradigma, señala, es el caso del empresario Arturo Fernández).

Anticorrupción sostiene que «la coincidencia de personas y roles» entre los patronos de Fundescam, los responsables de los comités de campaña del PP, «presidente, secretario general y vicepresidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, gerente y cargos orgánicos del Partido Popular y autorizados en cuentas, y en las mesas de contratación de la Comunidad de Madrid» consolidaron una «estructura de decisión cohesionada en el tiempo». Entre los partícipes más activos de esta supuesta red, la Fiscalía destaca a Beltrán Gutiérrez y a Granados.

Las fiscales del caso ven además indicios de que «incluso en los años 2014 y 2015» los proveedores de campañas electorales del PP «seguían cobrando de diversas cuentas del partido, al margen del escrutinio de la Cámara y del Tribunal de Cuentas».

Para la UCO esta financiación irregular supuso «una profunda quiebra» del «necesario equilibrio» entre partidos que salvaguarda la normativa electoral.