El profesor del Vallmont «no es el prototipo del abusador»

El letrado del docente en prisión por supuestos tocamientos a siete menores en un colegio de Villanueva alega que mantenerle en la cárcel crea alarma social

«A esta defensa le choca un poco el perfil del supuesto abusador, en base a que no es el prototipo de abusador corrientemente conocido, que serían personas que, abusando de su autoridad, en la oscuridad, opacidad, pueda abusar en esta caso de un menor». Estas frases corresponden al letrado del profesor de Matemáticas e Inglés del Colegio Vallmont de Villanueva del Pardillo, Carlos R. I,ante la jueza de El Escorial que confirmó la prisión provisional incomunicada y sin fianza del docente.

En el acta de la comparecencia celebrada el pasado martes, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, constan esas manifestaciones del letrado del docente cuando realizó una valoración en conjunto de toda la prueba que obra en la causa para oponerse a la prisión de su defendido. En ese acto,alegó que no existe riesgo de que pudiese volver a delinquir, ya que los actos que presuntamente cometió fueron en un colegio del que ha sido expulsado, una medida que supone «la tranquilidad de que no va a poder a delinquir, y más con la orden de alejamiento» que se solicitó.

En cuanto a la alarma social, que es otro de los motivos esgrimidos por la magistrada para mantener en prisión al profesor, la defensa sostuvo que esa alarma social «no puede ir en perjuicio del detenido», y que, por el contrario, los tribunales «deben velar por la sociedad». En relación con lo anterior, se esgrimía que las familias del colegio sólo conocen del caso que un profesor ha sido detenido y que la información que reciben los padres de los alumnos es las que les facilita «el colegio, por cuestiones empresariales, que estará filtrando la información que estime oportuno», así como la que facilitan los medios de comunicación, «que es sesgada, igualmente».

Por tanto, añadía al respecto la defensa, si se decretaba la prisión del docente –como así sucedió–, la única lectura que harán las familias será la de «qué habrá visto el juez para mantener la prisión». «No saben si ha habido violaciones de los niños, si ha habido abusos carnales, no saben nada, por lo que se produciría el efecto contrario. La alarma social se produciría por el mantenimiento de la prisión», afirmó en ese punto el abogado del profesor imputado. Por ello, concluía en este punto, «una resolución favorable a la libertad provocaría el efecto contrario: la Justicia está actuando y se están tomando las medidas necesarias».

El tercer argumento para instar la libertad provisional de su patrocinado estuvo centrado en el arraigo familiar del profesor, lo que eliminaría el riesgo de fuga, otro de los elementos a los que aludía la magistrada en el auto donde confirmó la prisión del docente. En este caso, esgrimió que su clientes es español, al igual que su mujer; tiene dos hijas pequeñas y carece de antecedentes penales. Además, en relación con el riesgo de fuga, aludió a que se pudo haber sustraido a la acción de la Justicia desde el momento en que se le comunica que debe apartarse del centro escolar tras la presentación de unas denuncias por unos padres, el pasado 2 de febrero, «y no lo hizo», a lo que habría que añadir que una semana después se personó voluntariamente en la Guardia Civil de Las Rozas.

Ninguno de estos argumentos fue atendido por la magistrada, quien aludía en su resolución que, de acuerdo con los testimonios prestados por los menores ante la Guardia Civil –comparecencias que se realizaron individualmente, con presencia del psicólogo y sin estar presentes los padres, pues dieron su consentimiento a ello– los presuntos abusos sexuales se habrían producido «en reiteradas ocasiones».

De esta forma, añadía la magistrada, con la prisión provisional se trata de evitar el riesgo de fuga, «por la propia gravedad de la pena que pudiera imponérsele (de 2 a 6 años de cárcel por cada uno de esos delitos de abusos sexuales a menores de 13 años), y que su situación familiar no aminora ese riesgo, «inherente a la gravedad de la pena, máxime cuando se desconoce cuál será su nueva situación familiar tras la denuncia interpuesta contra él».

También aludía la jueza a impedir que pueda cometer hechos de semejante naturaleza, pese a que haya sido despedido del colegio y no vaya a tener conctacto con sus antiguos alumnos: «No podemos olvidar que no es uno, sino siete, los niños que refieren comportamientos que pueden ser constitutivos» de delito, «siendo frecuente la reiteración en este tipo de comportamientos, como se pone de manifiesto en la presente causa, con la existencia de varios perjudicados».