La Justicia investigará el «no» de Carmena a la Operación Chamartín

Fomento se suma a los promotores y la Comunidad y presenta un tercer recurso en contra.

La decisión unilateral de la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena de anular la Operación Chamartín en el último trámite será examinada por la Justicia. Y es que después de que resultasen vanos los intentos del Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y el inversor principal del Distrito Castellana Norte (DCN) –BBVA y San José– de convencer al equipo de Ahora Madrid de que diese la última luz verde al proyecto, el consistorio optó por rechazarlo en el pleno y presentar un desarrollo alternativo de los terrenos.

En respuesta, Distrito Castellana Norte presentó en julio un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la decisión del Pleno municipal de no aprobar el Plan Parcial para desarrollar la Operación Chamartín, que ahora ha sido admitido a trámite, según una resolución de la sala primera de los Contencioso-Administrativo recogida por Ep. Tal y como refleja este documento, el TSJM solicita al consistorio el expediente y la documentación sobre la resolución plenaria, que ahora estudiará.

Además, el Ministerio de Fomento formalizó ayer un recurso de impugnación también ante el TSJM contra el rechazo del Ayuntamiento de la capital a Castellana Norte y del cual ya había advertido en junio al equipo de Manuela Carmena. «Desde el Ministerio ya anunciamos que, ante la disconformidad con las decisiones que había tomado el Ayuntamiento de Madrid, acudiríamos a los tribunales de Justicia para impugnarlas y que la operación pudiera salir adelante en los términos en los que había sido planteada», declaró el titular de Fomento, Rafael Catalá, el pasado lunes. Fomento envió una carta al consistorio en la que le instaba a reconsiderar su rechazo al proyecto puesto que en caso contrario cabían acciones legales contra dicho acuerdo plenario realizado de forma unilateral y la reclamación al Ayuntamiento de las inversiones realizadas por el Ministerio en consonacia con el convenio firmado entre las tres administraciones y Distrito Castellana Norte para el desarrollo de la Operación Chamartín, que suponen «en torno a 700 millones de euros en obras, para cumplir con los compromisos asumidos y ratificados por el Ayuntamiento en la confianza legítima de que serán resarcidos».

De hecho, el recurso presentado por DCN que ha admitido a trámite el TSJM señala que la denegación del proyecto incurre en «vicios de nulidad y de desviación de poder», ya que a su parecer el Gobierno municipal resolvió «con criterios políticos una cuestión estrictamente jurídica, sin fundamento legal alguno». Según argumenta en el recurso el promotor, el proyecto de Castellana Norte cuenta con «48 informes favorables de todas las administraciones y organismos implicados, cuyas recomendaciones fueron recogidas en el proyecto», por lo que, debido a esos informes favorables, «el Consistorio tan sólo podía denegar la aprobación definitiva por razones jurídicas y técnicas». «El Ayuntamiento ha tomado una decisión que priva de sus facultades, las administraciones implicadas, adoptando una resolución unilateral sólo con el fin de no permitir el desarrollo del proyecto y denegar sin motivo alguno el Plan Parcial de la Prolongación de la Castellana» que impulsaban, apuntan desde DCN.

Tres denuncias

Igualmente queda pendiente de respuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso que presentó por su parte el Gobierno regional contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid de anular de forma unilateral el desarrollo de Castellana Norte el pasado mes de agosto. La Comunidad de Madrid le recuerda a Carmena que el proyecto de la Operación Chamartín fue consensuado entre las tres administraciones en un convenio firmado en enero de 2015 y su puesta en marcha quedaba pendiente tan sólo del último trámite a realizar por el consistorio que la anterior primera edil, Ana Botella, no puedo aprobar en Pleno antes de las elecciones municipales del pasado año. La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, consideró en el momento de presentar el recurso que el consistorio actuó de «forma unilateral» y prescindió del «procedimiento legal establecido», para suspender la ejecución del convenio.