Fomento exigirá a Carmena 700 millones por Castellana Norte

Renfe y Adif amenazan denunciar a la alcaldesa de Madrid después de que el Pleno anulara el proyecto financiado por el BBVA

Rubricada por Gonzalo Ferre y Pablo Vázquez, presidentes de Adif y Renfe, respectivamente, y del subsecretario de Fomento, Ministerio del que dependen ambas entidades, llegaba ayer hasta el Palacio de Cibeles una carta en la que las tres entidades decidían plasmar su desacuerdo con la medida aprobada por el Pleno del Ayuntamiento apenas 24 horas antes. El pasado miércoles, durante la última sesión del parlamento municipal, los concejales de Ahora Madrid y PSOE firmaban la sentencia de muerte del proyecto de Distrito Castellana Norte. En la misiva, el Ministerio de Fomento se dirigía a José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, para advertirle de que se reservan «todas las acciones que en Derecho nos pudieran corresponder en orden a ser resarcidos por los daños y perjuicios que se nos irroguen, en caso de prosperar la denegación a la aprobación definitiva del Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI) aprobado inicialmente en febrero de 2015». Se plantean denunciar después que el Ejecutivo de Manuela Carmena haya acabado con el proyecto acordado inicialmente.

Renfe y Adif instan al Gobierno de la capital a reconsiderar la propuesta que se comprometía a desarrollar Distrito Castellana Norte que estaba a punto de echar a andar. Para ello, recordaron que este plan surgió de compromisos previos del Consistorio –que firmó hasta cuatro PPRI sobre la zona afectada en los años 2003, 2008, 2011 y 2015– y que, en ellos, «Adif, con cargo a los recursos obtenidos en la operación, para compensar el impacto de este nuevo desarrollo, y con el fin de garantizar el equilibrio de las interconexiones del transporte, asumió el compromiso de ejecutar la remodelación de la estación de Chamartín y el nuevo túnel de conexión para el AVE Atocha-Chamartín», obras que ya se han iniciado. Además, recuerda que, en virtud de estos convenios, con los que Fomento, Renfe y Adif sí han cumplido, se construyó y puso en funcionamiento la ampliación de la red de Cercanías hasta la T-4 del aeropuerto de Barajas. Unas operaciones en las que Fomento ha invertido en torno a 700 millones de euros «en la confianza legítima de que los compromisos serían resarcidos».

Así, apelan a la «buena fe» con la que las entidades estatales han actuado en el desarrollo del proyecto de DCN y recuerdan que el Tribunal Constitucional impone «el deber de coherencia en el comportamiento». Sobre todo, añaden, «cuando se trata de las administraciones públicas, e impiden a las mismas adoptar decisiones injustificadas o inconsecuentes».