sábado, 24 junio 2017
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La concentración de la Justicia empieza en Mirasierra

  • La Comunidad ha alquilado el número 100 de la calle Santiago de Compostela para reunir en dos edificios todas las sedes de la Audiencia Provincial. La mudanza empieza en otoño después de las reformas

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La Comunidad ha alquilado el 100 de la Santiago de Compostela, que está pegado al 96 donde ya está la sede Penal
La Comunidad ha alquilado el 100 de la Santiago de Compostela, que está pegado al 96 donde ya está la sede Penal

Unificar todas las sedes judiciales de Madrid es una de las asignaturas pendientes del Gobierno regional desde hace varias legislaturas. Atrapada en una compleja lucha en los tribunales, Cristina Cifuentes sabe que no son viables ninguno de los dos proyectos que sus antececesores idearon en Valdebebas para crear una Ciudad o Campus de la Justicia. Sin embargo, las quejas constantes por el mal estado de las sedes dispersas por toda la ciudad por parte de los trabajadores han obligado a la presidenta regional a poner en marcha un Plan de Choque de renovación y concentración de sedes judiciales.

Para empezar, la Audiencia Provincial de Madrid pasará de tener cuatro sedes dispersas a concentrarse en dos edificios contiguos en la calle Santiago de Compostela. Según ha podido saber LA RAZÓN, la Consejería de Justicia ha firmado recientemente el contrato de alquiler del número 100 de esta vía de modo que estén junto a las secciones de lo Penal, que están situadas en el número 96 de la misma calle. Además, se ha renegociado el contrato de alquiler del inmueble donde ya estaba la Audiencia Provincial de modo que se renovarán todos los equipos de climatización, que era una de las grandes demandas de los empleados.

En concreto, las 12 secciones de lo Civil que están en la calle Ferraz 41 –edificio cuyos propietarios ya han comunicado a la Comunidad de Madrid la resolución del contrato de arrendamiento al término del mismo–, junto a las de lo Mercantil, en la calle General Martínez Campos, 27, se trasladarán al número 100 de Santiago de Compostela el próximo otoño, después de las obras de remodelación. «Este traslado supondrá una mejora de las condiciones de trabajo, ya que el inmueble de Ferraz ya estaba obsoleto, con poca luz, mientras que en el nuevo estará mejor acondicionado», explica la directora general de Justicia, Yolanda Ibarrola de la Fuente.

Así, durante la reforma que se va a emprender en breve en el nuevo inmueble, que cuenta con tres fachadas de cristal en diez plantas, se hará una distribución eficiente para mejorar las condiciones de todos los trabajadores de la administración de Justicia. Igualmente, se ubicarán las salas de vista en la planta baja para que su acceso sea más cómodo. Además, el presidente de la Audiencia Provincial tendrá un único despacho, y no dos como ocurría ahora en Ferraz y el 96 de Santiago de Compostela.

El Plan de Choque para las sedes judiciales, que anunció el pasado mes de marzo el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, agrupará en cuatro emplazamientos de la capital los juzgados de Instrucción, los de Penal, Civil y la Audiencia Provincial. Esta última se convertirá en otoño en el primero de los cuatro «clúster» o núcleos judiciales, con la concentración de todas sus secciones en la calle Santiago de Compostela «a excepción de las secciones de Familia, que permanecerán en la calle Francisco Gervás, con todos los juzgados del mismo orden, porque en este caso es más cómodo de esta manera», detalló la directora general de Justicia, que añadió que alrededor de esta zona de Capitán Haya se está buscando ubicación para reunir a toda la jurisdicción Civil.

En cuanto al núcleo Penal que, tal y como explicó Garrido, agruparía toda esta jurisdicción compuesta 116 juzgados y siete de Menores en cinco sedes, exceptuando los de Instrucción, que estarían en Plaza de Castilla, la Comunidad de Madrid se encuentra actualmente buscando un edificio, o varios, con una superficie total de en torno a 19.000 metros cuadrados y que podría estar cerca de los juzgados de Menores, aunque no se descartan otras ubicaciones. Según apuntó Ibarrola de la Fuente, aunque esperan cerrar su situación antes de este verano, la reforma imprescindible de los inmuebles se prolongará algunos meses. «Es necesario adecuarlo con mucho cuidado porque habrá conducción de presos y necesita mayores medidas de seguridad, especialmente en los Juzgados de Violencia de Género, por lo que el diseño es fundamental», explica.

Mejorar la Fiscalía

Igualmente, la directora general de Justicia adelantó que en el segundo semestre de este año se quiere comenzar con las obras de reforma de Plaza de Castilla, donde ya se están acometiendo mejoras, y donde se quieren modernizar las instalaciones de los juzgados de instrucción, que se concentrarían en esta sede, así como las condiciones de la Fiscalía, donde hay una acusada falta de espacio.

El Plan de Choque para las infraestructuras judiciales supone una inversión de 7,05 millones de euros para 2017, lo que supone multiplicar casi por cuatro la partida presupuestaria respecto al ejercicio anterior. En la primera fase del plan está previsto un centenar de actuaciones urgentes tan sólo para el primer semestre del año –medidas de adecuación contraincendios, subsanación de deficiencia, reparación de ascensores y equipos de climatización, pintura e impermeabilización, entre otras pequeñas obras–, pero también se incluyen medidas adicionales a medio y largo plazo. Asimismo, se agruparán las sedes judiciales de Móstoles y Torrejón, creando en ambos partidos judiciales un único edificio que aglutinará los distintos órdenes jurisdiccionales.

La amenaza de denuncia a la Fiscalía

El mal estado de las sedes judiciales es una queja que estaba a punto de llegar a la Fiscalía. La promesa de creación de una Ciudad o Campus de la Justicia hizo que durante años, el Gobierno regional no inviertiera en acondicionar las ya viejas sedes. La última memoria de la Audiencia Provincial alertaba en cinco folios de las graves deficiencias: hacinamiento, falta de climatización... El cierre de un juzgado de Torrejón en enero por falta de salubridad, desencadenó una oleada de quejas del Decanato Judicial, que amenazó con denunciar ante la Fiscalía.

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