La Fiscalía pide 26 años de cárcel para Ginés por el «caso Bloque»

La jueza ya ha dictado la apertura del juicio oral, que podría comenzar a finales de año

La supuesta «organización mafiosa» y «asociación ilícita», a la que la Udyco de la Policía Nacional acusaba a Ginés Jiménez y otros 26 policías locales de Coslada en el marco de la denominada «operación Bloque» parece que ha quedado en aguas de borraja. A lo largo de los más de siete años que ha durado la instrucción –han asumido la causa hasta una decena de magistrados– se han ido «cayendo» numerosos delitos y no pocos policías del procedimiento y finalmente sólo serán procesadas un total de 12 personas: el supuesto «cabecilla» (Ginés Jiménez), su mujer y su hijo; seis policías locales y tres presuntos proxenetas. La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ya ha dictado la apertura del juicio oral en un auto fechado a 18 de noviembre pero trasladado a las partes ayer y remite a la Audiencia Provincial las actuaciones tras recibir el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Además, la magistrada impone una fianza de 28.000 euros para Ginés Jiménez y 160.000 para los tres presuntos proxenetas para hacer frente al pago de las posibles responsabilidades civiles.

La peor parte, sin duda, se la lleva el que fuera jefe de la Policía Local de Coslada. El Ministerio Público pide para Ginés Jiménez 26 años y cinco meses de prisión por los delitos de extorsiones, amenazas condicionales, cohecho continuado, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. Para la mujer y el hijo del policía solicita cuatro años de prisión por blanqueo y para cinco de los seis policías locales encausados una multa de seis meses a una cuota diaria de doce euros. Sólo para uno de ellos, Carlos Martínez, pide la Fiscalía dos años y ocho meses de prisión por cohecho. Los otros tres procesados –Catalin Aramescu, Francis Guirca e Ionot Guirca– serán juzgados por un delito «relativo a la prostitución» y para ellos, el Ministerio Público pide dos años y seis meses de prisión.

Sobre el jefe de la Policía Local, asegura que «aprovechaba su cargo (...) para vulnerar el ordenamiento legal movido por intereses personales en su propio beneficio». El fiscal considera que «controlaba» por distintas vías la «tramitación de licencias y autorizaciones de apertura, actividad o similares de distintos establecimientos de ocio bajo la amenaza de inspecciones continuas».

Por su parte, Jiménez lamenta que «no hayan valido para nada» las declaraciones de testigos en sede judicial (más de treinta propietarios de hostelería de Coslada) a lo largo de estos ocho años que desmontaban esas acusaciones. Con respecto al blanqueo de capitales, la defensa del mando policial recuerda que el mismo Juzgado de Instrucción archivó hasta en dos ocasiones en 2013 esta imputación porque no se pudo acreditar. «A pesar de ello, el fiscal, de una forma desproporcionada e injusta ha continuado con esta acusación». Es más, califica de «ensañamiento» los más de 25 años de prisión por este tipo de delitos.