La Justicia paraliza el cambio de la calle de Caídos de la División Azul

Un juzgado falla por tercera vez en contra del cambio de calle aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en aplicación de la Ley de Memoria Histórica

La Justicia ha vuelto a asestar un duro varapalo al cambio en la denominación de 52 calles aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid a instancias del Comisionado de la Memoria Histórica. Después de que este verano el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 obligara al Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) a no ejecutar la sustitución del nombre de la calle dedicada al General Millán Astray por el de Maestra Justa Freire, y de que en noviembre el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 decidiera lo mismo respecto al conjunto de calles a modificar, en respuesta a un recurso presentado por la Fundación Nacional Francisco Franco, ahora ha sido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 el que ha emitido un fallo similar.

En concreto, el juez ha paralizado como medida cautelar el cambio de nombre de la calle Caídos de la División Azul que el Ayuntamiento de Madrid acordó en mayo de este año en una Junta de Gobierno. Se adopta esta medida al entender que el cambio efectivo en la denominación efectiva de la calle debe paralizarse al considerar que deben prevalecer los intereses particulares "difícilmente reparables e indemnizables"de los vecinos de la calle sobre el interés general del Ayuntamiento de Madrid.

Esta sentencia entra además a valorar el perjuicio económico que provoca un cambio en el nombre de la calle a los vecinos que residen en la misma en el caso de que se cambiara y que una sentencia firme obligara a dar marcha a tras al consistorio: "Hablando en términos económicos, la retirada de todas las placas ocasionaría un gasto duplicado, por lo que no tiene sentido llevar a cabo dicha acción antes de la sentencia firme”. En este sentido, da la razón al denunciante, hijo de un divisionario y miembro del colectivo de Familiares de Caídos en Rusia: "Yendo un poco más lejos, entiende que también supondría un gasto para servicios de mapas, mensajería, comerciantes y vecinos, que tendrían que modificar tarjetas, carteles, comunicados a clientes o publicidad".

El Ayuntamiento tiene a partir de ahora 10 días de plazo para que reviertan las bases de datos municipales en las que ya se había formalizado el cambio de nombre. En caso de que el Consistorio se niegue, los impulsores del recurso han avanzado que interpondrán una demanda por prevaricación.