Vivienda social

«Quorum» para solucionar los sectores 1 y 6 de la Cañada Real Galiana

Cifuentes presenta un pacto con partidos y ayuntamientos para ordenar el 60% del asentamiento

El sector 6 de la Cañada Real Galiana es el área más conflictiva tanto urbanística como socialmente
El sector 6 de la Cañada Real Galiana es el área más conflictiva tanto urbanística como socialmentelarazon

Cifuentes presenta un pacto con partidos y ayuntamientos para ordenar el 60% del asentamiento

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentó ayer el enésimo intento regional de solventar la casuística de la Cañada Real Galiana. Se trata de un pacto regional cuyo texto, aseguran, se ha acordado con los grupos parlamentarios y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid que implica medidas urbanísticas, sociales, sanitaria y educativas, así como un plan de choque inmediato –para el que ya se han presupuestado 1,5 millones de euros este año–, para mejorar las condiciones de vida de los vecinos del asentamiento.

El Pacto de la Cañada se enviará a la Asamblea de Madrid para su debate y aprobación. A continuación, serán los ayuntamientos quienes lo aprueben para después firmar un texto definitivo que será de obligado cumplimiento para las distintas administraciones públicas implicadas, con independencia de los cambios políticos que pudieran producirse durante todo el periodo que abarquen las actuaciones que se van a poner en marcha en la Cañada.

Dentro de las medidas incluidas en el texto presentado ayer por Cifuentes se incluye una solución definitiva para los sectores 1 y 6 de la Cañada, que representan casi el 60% del terreno del asentamiento. En el caso del sector 1, que pertenece a Coslada, se consolidarán la mayoría de las viviendas existentes y se ofrecerán alternativas de realojo a aquellas que no puedan regularse urbanísticamente. Y en el sector 6, que pertenece a Madrid, debido a que cuenta con afecciones urbanísticas insalvables que afectan a este tramo, así como la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas, se ha optado por su desmantelamiento total, cuyos términos se acordarán con el Ayuntamiento madrileño a través de un convenio específico.

Sin embargo, la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, receló del pacto presentado por Cifuentes y afirmó que tan sólo es un «borrador» que tendrá que valorar y estudiar «en profundidad». Y es que para Higueras es importante que el consistorio tenga todos los detalles del plan del Gobierno regional. «Tendremos que leer exactamente qué se propone, cómo se va a hacer ese desmantelamiento y sobre todo qué se va a hacer con las familias una vez que se desmantele», subrayó y apuntó a las competencias sobre los realojos y las condiciones de los mismos como uno de los detalles a precisar.

Por otro lado, el Pacto de la Cañada plantea la constitución de tres ponencias técnicas para los sectores del 2 al 5 –que pertenecen tanto a Madrid como a Rivas Vaciamadrid y tienen afecciones urbanísticas que impiden la calificación como suelo residencial–, para estudiar la solución más adecuada. Dichas ponencias valorarán las cuestiones urbanísticas, medioambientales, jurídicas y económicas de cada sector y en un año, prorrogable a otro más deberán emitir un informe final respecto a cada uno de ellos.