La Policía registra Escombreras en busca de documentos irregulares en su gestión

El Gobierno regional defiende la transparencia de la planta y pide «celeridad» a la justicia

La Brigada Provincial de la Policía Nacional llevó a cabo ayer, a primera hora de la mañana, un registro en las instalaciones de la desaladora de Escombreras a raíz de una querella presentada hace unos meses y admitida a trámite por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales, José Luis Díaz Manzanera, con el fin de clarificar la gestión económica de la infraestructura. «Se pretende esclarecer lo que fue el origen de la desaladora, contratos, cláusulas y si se perjudicó o no al erario público».

De este modo, los agentes policiales procedieron a la evacuación de los trabajadores de la planta, que actualmente está activa, a excepción de algunos técnicos, a quienes se les requisaron los teléfonos personales para evitar cualquier comunicación externa.

La reciente creación en la Asamblea Regional de una Comisión de Investigación con el fin de analizar todas las operaciones que se realizaron en la infraestructura así como los posibles perjuicios que haya generado, fueron los principales motivos que llevó al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia a dar luz verde al registro, cuyas actuaciones fueron declaradas secretas.

«Celeridad»

La primera en manifestar tanto su sorpresa como su colaboración fue la consejera de Cultura y Portavocía, Noelia Arroyo, quien pidió que la operación policial tuviera «celeridad y agilidad para esclarecer lo ocurrido». Asimismo, destacó que tanto el Partido Popular como el Gobierno regional han colaborado desde el primer momento en la investigación, demostrando la transparencia del Ejecutivo. «Cuando se nos requirió información, se la mandamos a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea Regional para la Comisión».

De hecho, remarcó que si la Justicia volviera a solicitarles nuevamente más información, «se facilitará de forma inmediata toda la que requieran», porque aseguró que cuanto más avance la justicia, antes se aclarará todo, «por el bien de los intereses de los murcianos».

En esta misma línea se expresó el portavoz del grupo parlamentario Popular, Víctor Martínez, al defender la «rentabilidad social» de la infraestructura. «Es una planta necesaria que se construyó en un momento en el que a la Región se le negaba el agua para su desarrollo agrícola, turístico, económico y social». Y subrayó que se trata de la planta «más barata» de las incluidas en el Plan Narbona que promovió el PSOE.

De este modo, consideró «precipitado» extraer conclusiones debido a que todavía no se tiene constancia de qué tipo de documentación se había requerido en la planta, y mostró su deseo de que Escombreras continuara proporcionando agua a los regadíos.

Acusaciones

Por su parte, el secretario general del PSOE en la Región, Rafael González Tovar, acusó al PP de estar «constantemente pendiente y rodeado por la justicia». De este modo, aprovechó para tirar de campaña política y ofreció una «alternativa» al Ejecutivo Popular, asegurando que con su equipo se formaría un gobierno «decente, transparente y honesto».

Asimismo, el secretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, aseguró que la intervención de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Escombreras «muestra que el modelo de la gestión de la planta va en contra del interés del público», e insistió en que el contrato de arrendamiento entre el Gobierno regional y el grupo ACS es «ilegal».

Desde Ciudadanos, el diputado regional Juan José Molina, añadió que nunca es positivo «ver a las fuerzas y cuerpos de seguridad entrando en unas instalaciones públicas y pagadas por todos los murcianos», pero incidió en que es mejor que se trate de dilucidar las responsabilidades penales que mirar hacia otro lado.

Las presuntas «mordidas» de escombreras

El pasado mes de abril salió a la luz un video en el que uno de los proveedores de la planta de Escombreras debía pagar un «impuesto revolucionario» a uno de los trabajadores, con la excusa de «agilizar el cobro de las facturas». En el video podía observarse cómo el proveedor contaba y abonaba un total de 4.500 euros a un empleado de la empresa de mantenimiento de la planta, cuya producción está arrendada al Gobierno regional. Por su parte, el PP y el Gobierno se desvincularon de dichas «mordidas».