Tensión y «contradicción» por la petición del presidente de comparecer en la Asamblea

Ahora sí, ahora no. Esta es la dinámica que parece estar presente en la Asamblea Regional en torno a la petición del Partido Popular de que el presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, esté presente una vez al mes en la Cámara para realizar una sesión de control. Mientras que los populares y el mismo presidente realizaron la petición para poder dar cuentas sobre la labor que lleva a cabo el Gobierno y responder así a las dudas del resto de parlamentarios, los grupos de la oposición rechazaron la propuesta por considerar que sería utilizar la Asamblea para hacer campaña.

No obstante, a pesar de esta falta de acuerdos sobre la comparecencia del presidente, el grupo de Ciudadanos (C’s) anunció ayer que estudiaría la solicitud de llamar a declarar a Sánchez ante la Comisión que investiga la desaladora de Escombreras.

El presidente de la nombrada Comisión y portavoz de la formación naranja, Miguel Sánchez, dijo que quería que el presidente aclarara «por qué no se han dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Región para que se personen en el expediente abierto por el Tribunal de Cuentas, por un negocio ruinoso que cuesta a los murcianos 70.000 euros al día».

Contradictorio

Ante esta petición, la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, celebró la propuesta por parte de C’s, pero incidió en que se trataba de algo «contradictorio». Según relató, el Gobierno recibió la noticia con «satisfacción», ya que estaba candente la polémica por la comparecencia del jefe del Ejecutivo. «El presidente está encantado, ya que puede ir a rendir cuentas de las actuaciones y reformas que está haciendo el Gobierno».

Subrayó que el único objetivo de Presidencia es la adopción de medidas de transparencia para ser un Gobierno abierto a la ciudadanía, «que es lo que importa realmente», e insistió en que no están en campaña. Sánchez únicamente ha comparecido en la Asamblea, por petición propia, para hacer balance de la gestión de los primeros 100 días de legislatura.