Las obras de las Atarazanas arrancarán a mediados de 2018

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha apuntado este viernes que, “si todo va bien” y se logra “armonizar la posición de las tres partes involucradas”, las obras del proyecto de restauración de las Reales Atarazanas, --construidas en 1252 y declaradas bien de interés cultural (BIC)--, y su adaptación como espacio cultural podrían comenzar “a mitad de 2018”.

Así lo ha expresado en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que el consejero ha incidido en la importancia de este proyecto que supone rehabilitar “el astillero medieval de Sevilla”, y que supondrá “un elemento más de conexión de la Catedral con el río y el Teatro de la Maestranza”, convirtiendo a la zona en “una milla de oro cultural para Sevilla”.

Vázquez se ha pronunciado en estos términos, además, en la misma semana en la que la Consejería de Cultura ha informado de que ha dado traslado a La Caixa del acuerdo promovido por dicho departamento y la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), para resolver el conflicto derivado del citado proyecto para las Reales Atarazanas.

Según informó el pasado miércoles la Administración andaluza, propietaria de este monumento, este acuerdo aún pendiente de firma ha sido trasladado a La Caixa, al ser la entidad la responsable de promover y financiar este proyecto de rehabilitación y adaptación de la emblemática construcción, merced al acuerdo alcanzado después de que el banco renunciase a instalar en el edificio uno de sus centros Caixafórum.

El consejero ha recordado este viernes que Adepa “llevó a los tribunales” la licencia de obras del proyecto de reforma y adaptación del monumento, diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, que, de hecho, se encuentra cautelarmente suspendida por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve, después de que Adepa impugnase dicha licencia y solicitase su suspensión provisional hasta la resolución del litigio.

“Adepa entendía que el proyecto no se ajustaba a los parámetros de conservación de la norma”, ha expuesto Miguel Ángel Vázquez, que ha recordado que desde la Junta han estado “negociando con ellos para modificar el proyecto” y se ha llegado “a un principio de acuerdo bastante sólido”.

No obstante, ha recordado que ésta no es “una cuestión solamente de la Junta y de Adepa, sino que la que va ejecutar y financiar este proyecto es La Caixa, por lo que hay que hacer partícipe al mecenas que colabora en la recuperación para la ciudadanía de este importante astillero medieval”, de modo que “conozca los parámetros y detalles de esta reforma que tiene que hacer del proyecto inicial que tenía previsto ejecutar”.

En este sentido, la Junta informó el pasado miércoles de que “la entidad se encuentra en estos momentos estudiando el acuerdo alcanzado, para saber de qué manera afecta al proyecto” técnico diseñado inicialmente por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, al tiempo que la Administración autonómica mostró su “predisposición al diálogo y la colaboración” para resolver este enconado y prolongado conflicto y su “compromiso de poner en marcha lo antes posible este proyecto”.

A la pregunta de para cuándo cree que se empezarían las obras, el consejero ha respondido que, “si podemos armonizar la posición compartida de las tres partes que nos vemos involucradas, de aquí a septiembre habría que proceder de nuevo a la actualización del proyecto en virtud de este acuerdo, que pasara por la Comisión de Patrimonio de la provincia de Sevilla” y obtener “la pertinente licencia”.

“Calculo que, si todo va bien, podría ser a mitad de 2018 cuando podríamos ver el inicio del proyecto”, ha aclarado Vázquez, que ha remarcado que sería un día “muy importante por el retraso que llevamos acumulado” al respecto “entre diferentes sinsabores”.

El diseño original del proyecto plantea restaurar y adaptar como centro cultural el citado recinto histórico, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.

Pero aunque la iniciativa cuenta con aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico e incluso licencia de obras, los colectivos conservacionistas lo han tachado de “crimen patrimonial”. Principalmente, critican que la iniciativa no recupere la cota original del monumento y prevea “la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior”, con la instalación de “varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado”, entre otros aspectos.

Además, criticaban la previsión inicial de incorporar “micropilonos de hormigón a los pilares originales”, lo que a su juicio suponía “introducir elementos nuevos disruptivos con el entorno y contrarios a la conservación íntegra” del monumento, sobre todo porque los micropilonos de hormigón “no salvaguardan el patrimonio arqueológico”.

No obstante, la prolongada y ardua negociación entablada entre Adepa y a Consejería de Cultura para alcanzar un acuerdo extrajudicial acabó dando su fruto, con un principio de acuerdo para lograr una salida negociada. Fruto de dicho principio de acuerdo, Adepa remitió a la Consejería de Cultura un borrador inicial para el convenio a firmar entre ambas partes, para modificar el proyecto técnico de rehabilitación y adaptación del monumento.

El mencionado borrador, objeto después de diferentes retoques al proseguir la negociación entre ambas partes, contemplaría entre otros aspectos la renuncia a las medidas inicialmente previstas para reforzar la cimentación, especialmente a los micropilonos de hormigón, los encepados de hormigón o los taladros en los pilares.

Además, el borrador inicial del futuro convenio recogería excavaciones arqueológicas en las naves seis y siete del monumento hasta el nivel original del mismo, así como la excavación y recuperación de los vestigios de la antigua muralla almohade, la supresión de la escalera metálica prevista al final de la nave cuatro, la renuncia a habilitar accesos al monumento desde la calle Dos de Mayo, la conservación de la sala de armas y de mandos del edificio del siglo XVIII o la renuncia a usos hosteleros en el cuerpo superior.