Reforma laboral

Los autónomos podrán contratar trabajadores sin perder incentivos

El Gobierno aprueba un paquete de ayudas para que haya 550.000 emprendedores más en 2019

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministroslarazon

El Gobierno aprueba un paquete de ayudas para que haya 550.000 emprendedores más en 2019

El Gobierno aprobó ayer un paquete de medidas para fomentar el emprendimiento, reforzar la protección de los trabajadores autónomos y la economía social. Así lo anunció la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que destacó que prevé que el autoempleo crezca en 550.000 personas en los próximos cuatro años.

En esa comparecencia, Báñez subrayó que la nueva norma «ordena y sistematiza» los incentivos al emprendimiento que se encuentran en vigor con la finalidad de proporcionar mayor transparencia y seguridad jurídica.

Las asociaciones de autónomos valoraron positivamente las medidas del Gobierno para la promoción del trabajo por cuenta propia, ya que, a su juicio, servirán para estimular el empleo y mejorar la protección social del colectivo. Algunos de los puntos más importantes destacados en la nueva Ley son los siguientes:

- Los autónomos podrán contratar trabajadores sin perder los incentivos de la tarifa plana. Por un lado, se reduce la cuantía de la cuota de 55,78 euros a 55 durante seis meses, y por otro lado, amplía el incentivo a los autónomos que inicien una actividad por cuenta propia y que, posteriormente, contraten a trabajadores por cuenta ajena. Hasta ahora, cuando contrataban a un trabajador, perdían ese incentivo.

Además, extiende los supuestos de «tarifa plana protegida» a las víctimas del terrorismo, de la violencia de género y las personas con discapacidad, con independencia de su edad.

- Se amplía la capitalización de la prestación por desempleo o su compatibilización con el inicio de una actividad emprendedora a todas las edades. El Gobierno ha decidido extender la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo, y ya no se limita a los jóvenes. El número de potenciales beneficiarios de esta medida asciende a unos 150.000.

De esta forma, la prestación por desempleo se podrá utilizar de tres formas: capitalizando el 100% en un único pago, capitalizando sólo una parte y utilizar el resto para el abono de cuotas a la Seguridad Social, o bien destinando el total de la prestación al abono de las cuotas mensuales.

- Se refuerzan los mecanismos de segunda oportunidad al permitir reanudar el cobro de la prestación por desempleo hasta cinco años después de iniciarse la actividad por cuenta propia. No obstante, en el caso de solicitar reanudar la prestación por desempleo a partir del mes 24, el autónomo deberá acreditar causas económicas u organizativas.

- Se mejoran los sistemas de protección de los autónomos económicamente dependientes, que son aquéllos que perciben al menos el 75% de sus ingresos de un único cliente, en lo que se refiere a la conciliación de la vida familiar y profesional.

La nueva Ley introduce la posibilidad de que estos autónomos puedan realizar un contrato de interinidad a un trabajador en caso de riesgo durante el embarazo y lactancia de un menor de nueve meses, en periodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento; por cuidado de menores de siete años a su cargo; por familiares a su cargo en situación de dependencia o discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

- En el ámbito de la Economía Social se fomenta la incorporación de socios y se amplían las reservas de participación en los procesos públicos de licitación. Se creará una bonificación de 800 euros al año durante tres años para las personas que se incorporen como socios trabajadores a cooperativas o sociedades laborales.

Asimismo, se introducirá la participación de las empresas de inserción en los procedimientos de adjudicación de contratos con reserva de participación en el sector público, algo que hasta ahora se limitaba a Centros Especiales de Empleo.