Los rivales de Renfe sólo tendrán 90 días para preparar su oferta del AVE a Levante

Apenas tres meses. Ese será el tiempo que tendrán las empresas privadas interesadas en la liberalización del Corredor de Levante de AVE para preparar sus ofertas. Aunque el proceso se lanzó oficialmente en junio de 2014, hasta mayo no estará listo el pliego de la licitación. Después, las compañías tendrán un plazo de tres meses para presentar sus ofertas. Y aunque en los meses previos ya las hayan podido ir perfilando, el problema, aseguran fuentes del sector, es que dos de los aspectos más relevantes para cerrarlas, la cuantía de los cánones y el coste del material rodante–trenes– no se conocerán hasta que los pliegos se presenten. En la práctica, eso supone que las compañías dispondrán apenas de noventa días para trabajar en la oferta con esta vital información al completo.

Grandes costes

Tanto los cánones como los costes de alquiler del material rodante son los dos gastos más importantes que tendrán que afrontar las compañías que compitan con Renfe, de ahí la necesidad que tienen de conocerlos con detalle para hacer números. Máxime teniendo en cuenta que el pliego valorará de forma especial el plan de negocio y el económico-financiero de las ofertas.

La carga más importante es la que imponen los cánones, las tasas que los operadores pagan al Adif por el uso de la infraestructura ferroviaria. Con la estructura que tenían hasta ahora, suponían el 60% de los costes de operaciones, según los cálculos que hizo Competencia (CNCM) en un informe de diciembre de 2014. Las compañías interesadas en la liberalización han pedido en los últimos meses a Fomento una rebaja de los mismos de entorno al 50%, un volumen «inasumible» para el Adif, según fuentes gubernamentales. No obstante, el anteproyecto de Ley Ferroviaria anunciado por Fomento el pasado día 13 los ha flexibilizado para acercar posturas. Renfe y sus competidores tendrán que abonar ahora al Adif tres cánones por usar las vías y cinco por los servicios. Dos de ellos, el de la adjudicación de capacidad –por el «slot», el tramo de vía y el horario por el que el gestor autorice a prestar servicio– y el de uso de la vía serán bonificados en función de la actividad. También se eliminará el de acceso, que se paga por el mero hecho de comenzar a usar las infraestructuras. No obstante, todavía no hay cifras concretas del ahorro que esto supondrá para las compañías. El administrador ferroviario se ha mostrado reacio a rebajar los cánones para no desequilibrar sus cuentas. La solución para que Fomento pueda introducir las bonificaciones será compensar esta merma de ingresos en las arcas del Adif a través de aportaciones presupuestarias.

Junto a la flexibilización de cánones, el departamento de Ana Pastor ha diseñado un sistema de «bonus-malus» en función de la puntualidad de los operadores.

En cuanto al material rodante, la principal reivindicación de las compañías no es sólo el precio sino sus condiciones. Las empresas quieren tener acceso a material de primera para no competir en desigualdad de condiciones con el operador público, aunque poco ha trascendido de los trenes que tendrán a su disposición. Pastor anunció la semana pasada una inversión de 1.100 millones para comprar 40 convoys, la mayoría de larga distancia y AVE, en la segunda mitad de este año. No obstante, la intención del ministerio es utilizarlos para dar servicios a las líneas de alta velocidad que se vayan abriendo de forma paulatina en los próximos años y al incremento de tráfico que Fomento prevé.

Alsa busca socio para acudir a la puja

Alsa busca socios para pujar por la línea de alta velocidad de Levante. «No creemos que sea un viaje que podamos hacer solos. Necesitamos colaboración de otras empresas», afirmó su presidente, Jorge Cosmen, en unas jornadas sobre el sector ferroviario organizadas la pasada semana por «Expansión» y KPMG. Lo que la empresa de autobuses busca es «un socio que sume», según explicó a este periódico Cosmen, que rehusó entrar en más detalles sobre el perfil de su potencial aliado.

Un total de 27 empresas privadas, además de Renfe, cuentan en la actualidad con licencia de empresa ferroviaria.