Carmena fulmina a la interventora general del Ayuntamiento

El consistorio solicita el relevo al Ministerio de Hacienda coincidiendo con el inicio de la comisión de investigación sobre los mandatos de Gallardón y Botella.

El Gobierno de Manuela Carmena ha iniciado el proceso para sustituir a la interventora general del Ayuntamiento. A través de una carta remitida al Ministerio Hacienda -en concreto a la Secretaria general de Relaciones con la Administración Local- hace tres semanas, el delegado Carlos Sánchez Mato pone en conocimiento del Gobierno central la “necesidad” de cesar a la actual responsable de la Intervención General. Para este proceso, el Gobierno municipal necesita un informe del Ministerio que, sin embargo, no es vinculante al ser competencia del Ayuntamiento la provisión de este puesto.

Fuentes municipales señalan que el relevo de la actual interventora, Beatriz Vigo Martín, se enmarca dentro de la “normalidad” institucional ligada a un cambio de Gobierno. “No responde a falta de confianza porque lleva un año en el cargo con el Gobierno de Ahora Madrid”. Y se remiten, desde el Gobierno de Ahora Madrid, a los cambios que se producen en este puesto en otras administraciones.

Sin embargo, el relevo llega en un momento en el que el Gobierno de Carmena ha impulsado una comisión de investigación sobre la gestión de los últimos 12 años en el Ayuntamiento de Madrid, que estudiará en detalle las contrataciones realizadasdurante las legislaturas de los ex alcaldes Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella. Lo que se somete a investigación en esta comisión es precisamente el trabajo que esta interventora –Vigo Martín está en el cargo desde 2008- ha vigilado en los últimos ochos años. Beatriz Vigo Marín es una funcionaria, habilitada nacional, de nivel 30. La forma de provisión de este cargo es mediante libre designación.

Pese a los argumentos del Ayuntamiento, altos funcionarios del propio consistorio señalan a este diario la “intencionalidad política” de este movimiento. “Todo durante estos años ha estado intervenido y fiscalizado por parte de la interventora”, añaden. Y señalan que la comisión de investigación abierta supone poner en duda ese trabajo “y el de los interventores delegados de cada una de las áreas y de los 21 distritos”. “Se trata de quitar a un testigo incómodo”, concluyen.