El 55 por ciento de los pacientes con hepatitis C necesitan tratamiento

Entre el 55 y el 60 por ciento de los pacientes infectados por hepatitis C presentan grados de la enfermedad F2, F3 y F4, por tanto, necesitarían tratamiento farmacológico. En cifras, no serían menos de 100.000 personas. Estas son algunas de las estimaciones de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), que presentó en Madrid el documento del II Consenso Español sobre Tratamiento de la Hepatitis C.

Este texto recoge la última evidencia de las guías internacionales y los ensayos clínicos sobre la indicación de tratamiento con antivirales de acción directa. el documento incluye la recomendación de tratar con estos fármacos innovadores tanto a pacientes con enfermedad avanzada (F4 y F3) como a aquellos cuya patología puede convertirse en avanzada (F2, F1 y F0). Según afirmaron desde la asociación, esta guía ha sido incluida en el borrador que ultima el Ministerio de Sanidad para el abordaje de la hepatitis C en España.

Según aseguró el doctor Jaume Bosch, presidente de la AEEH, el "enfrentamiento"que los médicos tenían con el Ministerio de Sanidad "se ha resuelto a base de diálogo y buen entendimiento". Por su parte, el doctor Rafael Esteban Mur, coordinador de este Consenso, "el Ministerio ha entendido que se trata de un documento basado en evidencias científicas. Sobre la aplicación de la estrategia del Ministerio de Sanidad, el doctor Esteban Mur explicó que el departamento que dirige Alfonso Alonso les ha asegurado que "no habrá problemas de financiación"para que todos los pacientes tengan acceso a los fármacos pero "de momento no se creará un fondo específico".

El doctor Bosch afirmó que en el borrador de Sanidad se contempla en compromiso de que no pasarán más de tres semanas desde que el médico prescriba el medicamento y el paciente lo reciba. Algo que a día de hoy no se cumple, ya que los enfermos de Hepatitis C pueden tardar entre cuatro o cinco meses en recibirlo.

Sin embargo, Bosch espera el resultado de la próxima comisión interterritorial de las Comunidades Autónomas, en la que tendrán que dar el visto bueno a estos plazos ya que las regiones son las pagadoras de los tratamientos.