Pedraz exculpa a Zapata: «Ni imaginó que humillara a las víctimas»

El magistrado concluye que sus comentarios en Twitter están amparados por la libertad de expresión tras declarar el concejal de Ahora Madrid que no tenía intención de ofenderlas.

La reapertura de la causa contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por sus tuits ofensivos contra las víctimas del terrorismo sólo ha durado una semana. Siete días después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenase al juez Santiago Pedraz que citase a declarar como imputado al edil del equipo de Gobierno de Manuela Carmena, el magistrado archivó ayer el procedimiento –tras escucharle durante una hora– al no apreciar delito en su conducta y encuadrar sus polémicos comentarios en el derecho a la libertad de expresión. La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ya ha avanzado que recurrirá en apelación la resolución, un paso que, previsiblemente, también dará la Fiscalía.

En su resolución, Pedraz subraya que la intención de Zapata no era «en modo alguno lesionar la dignidad de las víctimas y no podía imaginar que pudiera humillar» a algunas de ellas. El magistrado compara la ausencia de responsabilidad penal del concejal madrileño con la del carpintero «que construyó la cama donde se cometió un adulterio» (en la época en la que se consideraba delito), cuya intención, recalca, «no era ni principal ni secundariamente construir la cama para que se cometiera». El instructor recuerda que Zapata publicó sus comentarios hace cuatro años, en enero de 2011: «¿Acaso él sabía que iba a tener un cargo público, que alguien iba a rebuscar en su pasado “tuitero” y luego, por ser concejal, iba a tener la repercusión pública que ha tenido?», se pregunta Pedraz, que tras solicitárselo la Fiscalía ya rechazó tomarle declaración el pasado julio, cuando acordó el archivo de las actuaciones.

Zapata –que acudió a declarar acompañado por tres abogados, según fuentes presentes en su comparecencia, y se mostró «bastante nervioso»– aseguró al juez que realizó esos comentarios «en un debate sobre la libertad de expresión» generado por «una campaña» contra el director de cine Nacho Vigalondo («el Holocausto es un montaje!», escribió en Twitter para celebrar sus 50.000 seguidores). Su intención, explicó, no era humillar a las víctimas, sino «señalar que en las redes y en la calle estaban funcionando normas distintas» y que «hay que tener cuidado con lo que se pone en la Red». La abogada de Dignidad y Justicia, Vanesa de Santiago, le preguntó por qué no consta ese aludido debate en los tuits y él se limitó a responder que su comentario se realizó «en un contexto general: el despido de un director de cine» al que, además, estaba vinculado por su profesión como guionista de ficción.

«No era consciente de que se hubiera ofendido a alguien, porque si hubiera sido así lo hubiera borrado inmediatamente», dijo el concejal de Ahora Madrid, quien recordó que apenas tenía un millar de seguidores en la citada red social.

Dignidad y Justicia sostiene que el magistrado estaba obligado por la Sala a practicar las diligencias que habían solicitado, entre ellas la petición a Guardia Civil y Policía de sendos informes sobre la autoría de los tuits y el contexto de sus comentarios en Twitter, pero el juez cree que esa diligencia es innecesaria en la medida en que Zapata ya ha admitido ese extremo. Igualmente, tampoco ve pertinente citar, como pedía DyJ, la declaración como testigos de otras seis víctimas del terrorismo, pues «no conducirían a resultado alguno: habrá víctimas que puedan sentirse humilladas y otras no» (la propia Irene Villa, que afirmó públicamente no sentirse ofendida).