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Rajoy pide la disolución y avisa de que seguirá «aplicando la ley»

Méndez de Vigo recalcó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene «una posición muy clara y muy nítida» desde que tomó posesión en diciembre de 2011

  • El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su intervención en el XVI Congreso del PP de Madrid.
    El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su intervención en el XVI Congreso del PP de Madrid. / EFE/ZIPI
Carmen Morodo.  Madrid.

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18 de marzo de 2017. 03:31h

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Carmen Morodo.  Madrid. 17/3/2017

La posición oficial del Gobierno tras el anuncio de ETA de que está dispuesta a presentar un plan de desarme definitivo no se mueve un milímetro de lo que ha venido diciendo hasta ahora. Para que haya gestos, dentro de la legalidad, ETA tiene que hacer dos cosas, desarmarse y disolverse. Así volvió a solemnizarlo ayer el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros. Y poco después lo hizo el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su intervención en el Congreso del PP de Madrid. Fue una referencia breve, sólo para ratificarse en su posición de siempre. «Hablando de la responsabilidad, un brevísimo comentario sobre ETA. La posición del Gobierno y la del PP es la misma de siempre. ETA ha decidido desarmarse unilateralmente, que lo haga y que de paso se disuelva y el Gobierno aplicará la ley igual para todos». Rajoy aludió a la ley, y la ley permite cambios en la política penitencia siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas para ello. «El Gobierno no ha variado ni un centímetro su posición desde hace seis años respecto al terrorismo. Y el Gobierno nunca especula sobre los deseos de los terroristas», había comentado poco antes el ministro portavoz.

No obstante, el nuevo movimiento de ETA coloca sobre la mesa el tema de los presos etarras justo en el momento, no casual, en el que el Ejecutivo tiene que avanzar en la negociación con los nacionalistas vascos sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. Estas semanas son decisivas, ya que la intención de Hacienda es que las cuentas lleguen al Consejo de Ministros a finales de marzo. ETA ha anunciado «su desarme unilateral e incondicional» para el 8 de abril.

Hasta ahora el Gobierno central y el vasco han discrepado siempre sobre cómo gestionar la decisión de ETA de anunciar el cese de la violencia. Pero también es verdad que desde el nacionalismo vasco en los últimos días confirmaban que entendían que en la negociación presupuestaria el elemento central no podía ser la política penitenciaria ni otras cuestiones más ligadas a las demandas más soberanistas, que enlazan con las exigencias de la izquierda abertzale.

En PNV mantiene viva la exigencia del acercamiento de los presos de ETA bajo la presión de una izquierda abertzale que sigue movilizando a miles de personas al cobijo de esa bandera. El PNV cuenta además con el respaldo del PSE, Podemos y Bildu. Pero desde el Gobierno la posición siempre ha sido la misma, y en ella se ha reafirmado el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Las condiciones son la disolución de la banda, la entrega de las armas, el arrepentimiento expreso, el resarcimiento del daño y el perdón a las víctimas. Ahora bien, la disolución total de la banda terrorista sí marcaría un nuevo terreno para que pueda abrirse el debate de otros asuntos que hasta ahora han estado fuera de la agenda.

El Gobierno valora como una buena noticia el anuncio de ETA, pero no se anticipa a escenarios y apela a la prudencia. No habrá ningún movimiento en tanto que la banda terrorista no ejecute sus intenciones de facilitar el listado de zulos para acelerar el desarme de ETA y se disuelva. Los terroristas han sido desarticulados por la vía de los hechos, por la presión policial y judicial, y según los expertos de la lucha antiterrorista ni siquiera tienen ya un «arsenal de entidad». Moncloa insistió ayer en que reciben con cautela y prudencia la «filtración» de las intenciones etarras, colocando el acento en que su posición no se ha modificado «ni un centímetro» desde diciembre de 2011, cuando comenzó a gobernar Mariano Rajoy. Según explicó el portavoz, el presidente del Gobierno conoció las «filtraciones» durante la reunión del Consejo de Ministros. «El Gobierno no especula sobre voluntades y deseos de organizaciones terroristas, y menos aun cuando sólo se conoce por filtraciones sin que haya hechos concretos», sentenció el portavoz.

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