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El PP lleva a los tribunales al Ayuntamiento de Madrid por la obra de títeres

Por colaboración en enaltecimiento al terrorismo y desproteccion de menores en el Carnaval de Madrid.

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Iñigo Enriquez de Luna (2d), junto a la portavoz en materia de Cultura del PP, Isabel Rosell (i), tras presentar la denuncia.
El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Iñigo Enriquez de Luna (2d), junto a la portavoz en materia de Cultura del PP, Isabel Rosell (i), tras presentar la denuncia.larazon

El PP de Madrid ha presentado hoy una denuncia contra la concejal de Cultura en el Ayuntamiento, Celia Mayer, por «colaboración en el enaltecimiento del terrorismo» y «desprotección de menores» en relación con la obra de títeres programada por las fiestas de Carnaval.

El PP de Madrid ha presentado hoy una denuncia contra la concejal de Cultura en el Ayuntamiento, Celia Mayer, por "colaboración en el enaltecimiento del terrorismo"y "desprotección de menores"en relación con la obra de títeres programada por el Consistorio con motivo de las fiestas de Carnaval.

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha presentado la denuncia en los Juzgados de Guardia de Plaza de Castilla contra Mayer y ha exigido su destitución.

"Los madrileños no nos merecemos una concejala de Cultura como la señora Mayer y, si la alcaldesa no la inhabilita, esperemos que los tribunales lo hagan", ha subrayado.

En el acto de presentación de la denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla, Henríquez de Luna ha hecho hincapié en que los responsables del Consistorio "no se pueden escudar en que no conocían el contenido", ya que este "se puede comprobar claramente viendo la web"de la compañía de títeres.

Por ello, tilda de "inadmisible"que la edil de Cultura "no haya dimitido ya"o que la alcaldesa, Manuela Carmena, no la cese. "Carmena tiene tiempo para ir a la gala de los Goya, pero no para dar explicaciones a los madrileños sobre estos hechos tan sumamente graves", ha manifestado el portavoz adjunto del PP.

En cuanto a la obra representada, 'La bruja y don Cristóbal. A cada cerdo le llega su San Martín', Henríquez ha apuntado que tenía un contenido "claramente ofensivo e inapropiado", recogiendo escenas como la de "mujeres violadas que se infligen un autoaborto"además de mostrar el cartel con el texto 'Gora Alka-ETA', algo que ha calificado de "lamentable, increíble y que no tiene ninguna justificación".

En este sentido, ha reprochado a quienes defienden que el contenido de la obra forma parte de la libertad de expresión, como ha hecho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a través de redes sociales. "El artículo 20 de la Constitución limita la libertad de expresión a los derechos de los ciudadanos y específicamente de los menores y de la infancia", ha incidido Henríquez de Luna.

El portavoz adjunto, que ha estado acompañado por la portavoz de Cultura de su grupo municipal, Isabel Rosell, ha lamentado que "el Ayuntamiento no ha podido caer más bajo"con esta obra, y ha aseverado que con este incidente "llueve sobre mojado", ya que el Area de Cultura también se vio salpicada esta semana por el "error"de "quitar la placa de las Carmelitas de Carabanchel"amparados en la aplicación de la Memoria Histórica.

Finalmente, ha reprochado al PSOE municipal que estos incidentes se produzcan por el apoyo al Gobierno de Ahora Madrid. "El PSOE es prisionero de sus propias decisiones", ha afirmado.

Los dos titiriteros que representaron la función del pasado viernes en Tetuán fueron detenidos durante la obra por efectivos de la Policía Municipal que habían sido avisados por los padres de los niños que asistían a la representación. Pasaron la noche en los calabozos de la Brigada Provincial de Información, y el sábado por la mañana pasaron a disposición del juez de guardia de la Audiencia Nacional.

Este ordenó su prisión incondicional acusándoles de delitos de enaltecimiento del terrorismo y de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución.