Juana Rivas pide amparo de nuevo al Constitucional

Es el único tribunal que, en unos días, puede suspender la entrega de los hijos a su padre después de que la Audiencia de Granada resolviera en contra de la madre de Maracena.

Si el Tribunal Constitucional no lo impide, Juana tendrá que devolver a sus hijos a su ex marido en Italia, pagar el billete de avión y hacer frente al abono de las costas procesales después de que la sala de vacaciones de la Audiencia provincial de Granada haya desestimado el incidente de nulidad que podía suspender la entrega de los menores a su padre, el italiano Francesco Arcuri, al entender que no se han vulnerado derechos fundamentales.

El fallo era previsible porque la Fiscalía se había manifestado ya hace unos días en contra de la petición de Juana, pero era importante que la Audiencia se pronunciara para poder agotar la vía judicial ordinaria que permitiera volver a pedir de nuevo el amparo del Tribunal Constitucional, argumento con el que el Alto Tribunal había desestimado el «caso Juana» hace una semana. Así que la madre de Maracena juega su última baza ante la Justicia después de que su abogada, Almudena Mendoza Marín, presentara a las 14:00 horas de ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo en el que insta, a su vez, a dictar una medida cautelar que paralice la entrega de los hijos, de once y tres años, a su padre, condenado en España por maltrato en 2009. Entre otras cosas porque «hay razones humanitarias fundamentales que entroncan con el interés superior de los menores para solicitar que se anule la orden de entrega a su progenitor», añadió.

«La situación es de extrema urgencia para Juana, tanto judicial como físicamente, por eso esperamos que el Constitucional resuelva de inmediato el recurso, porque únicamente es este tribunal el que puede paralizar la devolución de los hijos», explicó Mendoza a LA RAZÓN. El recurso se interpone «por violación del artículo 24 de la Constitución española, que regula el derecho a la tutela judicial efectiva, y por el principio de protección superior del menor», añadió. Precisamente se trata del mismo argumento que se esgrimió en el caso de Desiré Vicente, una española madre de una niña de cinco años a la que el Constitucional dio la razón el año pasado y paralizó la entrega de la niña a su padre, Philippe Kitsos, un ciudadano suizo residente en aquel país que en España está imputado por un delito de violencia de género. Mendoza representó también entonces a Desiré Vicente en un caso que la abogada calificó como pionero en la defensa de los derechos del menor en España que establecería doctrina al respecto.

En el caso de Juana, «lo importante es que se valore el riesgo de entregar a unos menores a un señor condenado por maltrato en España», insistió la abogada.

La resolución del Alto Tribunal podría tardar unos días en el mejor de los casos (hay una sala en comisión extraordinaria en el mes de agosto), aunque su abogada se mostró confiada en que, dada la urgencia del caso, se resuelva cuanto antes.

Mientras, Juana sigue en paradero desconocido y en busca y captura. De hecho, si los menores fueran localizados, deberían ser entregados al padre «inmediatamente y sin excusas», según el auto del juez de instrucción número dos de Granada emitido el pasado martes.

Su defensa confía en que el «caso Juana» prospere ante el Constitucional, al igual que lo hizo el año pasado el de Desiré Vicente, no sólo por el hecho de que el padre de los menores tiene una sentencia condenatoria por maltrato en el año 2009, sino también por el hecho de que hay una denuncia en curso, presentada por Juana tras regresar a España con los menores en el verano de 2016, en la que la madre de Maracena describe las situaciones de maltrato que padeció durante el tiempo en el que reanudó la convivencia con el padre de sus dos hijos.

La denuncia aún no se ha tramitado en Italia porque no se ha traducido al italiano, ya que fue allí donde se produjeron los hechos denunciados.

La defensa de Juana mantiene como objetivo principal la protección de los niños. De hecho, el menor, de 11 años, recibe desde febrero de 2017 terapia a través de un programa de ayuda para hijos de maltratadas. El programa, que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía en coordinación con el Ayuntamiento, tiene por objetivo que el menor verbalice las situaciones de maltrato que ha padecido, como así parece que está ocurriendo, según han informado las fuentes consultadas. Además, dos psicólogos de la Junta de Andalucía coinciden en asegurar que existen «antecedentes objetivos» de violencia de género. En España, la reforma de la Ley de violencia de género, reformada en 2015, reconoce como víctimas a los hijos de mujeres maltratadas.

De hecho, la Junta de Andalucía salió ayer en defensa de la madre de Maracena. En concreto, la directora general del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz, pidió que se tenga en cuenta el «interés superior del menor» previsto en el ordenamiento jurídico en el caso de los hijos de Juana Rivas con una interpretación que les garantice un «ambiente libre de violencia». En declaraciones difundidas por la Consejería de Igualdad y recogidas por Ep, Ruiz ha asegurado que «desde el IAM y la Junta de Andalucía siempre vamos a estar al lado de las mujeres y de los hijos e hijas que son víctimas de la violencia de género y por eso hemos estado al lado de Juana Rivas y sus hijos y expresamos nuestra comprensión hacia la situación que están viviendo».

Ruiz recordó que Juana Rivas está siendo asistida por una letrada del turno de oficio de violencia de la Junta de Andalucía, así como que desde la administración autonómica «se han presentado ante la Fiscalía los informes correspondientes a los niños, siempre en la defensa del interés superior de los menores, que es nuestra principal preocupación en estos momentos».