Mas firma un decreto ordinario del 27-S para evitar la impugnación

Firma un decreto ordinario de convocatoria sin mencionar el plebiscito para sortear su impugnación. Gastará más de 15 millones en unas elecciones «que no son normales» y que «el Gobierno ha precipitado esta decisión»

CDC basa buena parte de su política comunicativa en los gestos de cara a la galería, la teatralización de la política. Basta con recordar que la pluma con la que el president de la Generalitat, Artur Mas, firmó la convocatoria del 9N fue enviada al Museo de Historia de Cataluña. Ayer sin embargo, el president optó por el secretismo. Desde el gobierno catalán se filtró que firmaría el decreto, pero sin dar detalles, ni siquiera si el lugar escogido para la rúbrica sería la propia Generalitat. Y así aguantaron hasta media tarde, hasta que desvelaron que el acto sería a las nueve de lo noche, que se retransmitiría por la televisión pública catalana y que iría acompañado de una declaración institucional. No pudieron resistirse. Así las cosas, Mas firmó el decreto, de carácter ordinario para evitar suspicacias o posibles impugnaciones, y convocó las elecciones para el próximo 27 de septiembre. Las segundas bajo su mandato que, a la sazón, han supuesto para el erario público más de 30 millones en menos de tres años.

En cualquier caso, lo cierto es que resultaba sorprendente que la Generalitat optara por firmar el decreto en la clandestinidad. Más aún cuando los diferentes portavoces catalanes repitieron hasta la saciedad que el decreto sería ordinario. Es decir, no contendría ni una sola referencia al supuesto carácter plebiscitario de estos comicios. Fuese premeditado o no, a media tarde se desdijeron y anunciaron un acto con toda la pompa de la que gusta Artur Mas, con televisión, declaración institucional y presencia de varios consejeros de su gobierno. De hecho, uno de los chascarrillos más repetidos en la política catalana es que Mas ha batido el récord de mensajes institucionales a los catalanes en un periodo tan corto de tiempo.

A las nueve de la noche, la televisión dio paso a uno de los salones de la Generalitat. El acto fue extraño por la solemnidad que se le dio a los escasos tres minutos que duró. El secretario del Govern leyó los artículos de la convocatoria ante la atenta mirada del president, la presidenta del Parlament y varios consellers. Al acabar la lectura, Mas firmó el documento y se acabó el acto. Dos minutos más tarde, en otro escenario de la Generalitat, el president hizo su declaración institucional. El president insistió en que la convocatoria de las elecciones se había hecho siguiendo el marco legal en cuanto a la «forma», pero no al «fondo». Mas señaló que estos comicios tendrían que haberse celebrado en 2016, pero «la negativa del Gobierno español a dialogar ha obligado a adelantar las elecciones. Cuando una mayoría quiere ejercer el derecho a decidir y se le niega este derecho, estamos delante de una situación excepcional». Y añadió, «En las próximas semanas todo el mundo nos observará, seamos conscientes de ello». «Estas elecciones serán muy diferentes para todos. Estas elecciones responden a un deseo de democracia». En esta ocasión, el president se mostró más comedido que de costumbre, ni siquiera pronunció la palabra «plebiscitarias», como hace unos días, cuando señaló que sapuntó que estas elecciones «serán un plebiscito por la libertad y la soberanía de Cataluña».

Al margen de lo que estos comicios puedan suponer para el panorama político catalán, lo que es seguro es que dejan un agujero, otro más, en las cuentas públicas. Las elecciones de 2012 supusieron un gasto de 15,9 millones y para el 27 de septiembre se espera un montante similar. Es decir, más de 30 millones en menos de tres años. A esta cifra se podría sumar también los 10 millones que, aproximadamente, reciben los partidos con representación parlamentaria en concepto de subvenciones. La consulta del 9 de noviembre también podría participar de esta particular cuenta de resultados. Su coste total sigue siendo un misterio pero, en el momento de su organización, en septiembre de 2014, se estimaba en otros 9 millones.

Ocho meses de espera

Lo cierto es que, pese a las polémicas, todos los partidos coinciden en definir como «históricas» o «las más importantes» en la historia reciente de Cataluña, ya sea desde la perspectiva independentista o desde los partidos que buscan evitar una mayoría de las fuerzas soberanistas que desemboque en una eventual declaración unilateral de independencia.

La convocatoria pone fin a ocho meses de espera desde que Mas acordara convocar estas elecciones junto a ERC y las principales entidades independentistas, poco después de la consulta soberanista del 9 de noviembre. Un período de ocho meses que ha supuesto una auténtica sacudida en el panorama político catalán. Como muestra de ello, en estos comicios no repetirá ningún cabeza de lista de las anteriores elecciones y se han reformulado varias opciones políticas, con la disolución de la histórica federación de CiU como claro ejemplo. La absorción de un histórico del panorama político catalán, ICV, por parte de Podemos bajo la marca Cataluña Sí se puede, o una cacareada lista del president cuanto menos, extraña. No en vano, aglutina a ERC y CDC bajo un mismo paraguas y el candidato a la presidencia va de número cuatro en la lista sin que se sepa a ciencia cierta qué ocurrirá con las tres personas que ocupan los primeros tres puestos de la lista.

Otros que no podían faltar a la fiesta son las entidades soberanistas de Cataluña. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural convocaron para hoy mismo un acto simbólico de apoyo al carácter plebiscitario de las próximas elecciones que tendrá lugar en la plaza Sant Jaume de Barcelona bajo el lema «27S, donde todo empieza».