En un comunicado, esta asociación defiende que “no tienen nuestro  permiso moral ni consentimiento personal para exponer públicamente el  horror que sufrieron los que no pueden defenderse, vulnerando la  intimidad y propia imagen de las víctimas, y los derechos morales de  los que estamos luchando para honrar su memoria”.

Los afectados explican que se han dirigido a la productora de la  serie, Mecanismo Films, así como al director, a los actores y guionistas  de la miniserie, y denuncian que “todavía estamos esperando que nos  enseñen el guión”. “Nadie relacionado con la miniserie se ha dirigido
a la asociación, que aglutina al mayor número de víctimas, para hablar,  informar o consultarnos nada sobre la misma”, agregan. 

“¿Seguirían adelante con la misma crudeza si entre las víctimas  mortales estuvieran sus hijos, sus padres, sus esposos, sus hermanos,  sus nietos, sus sobrinos?”, se preguntan.       
Asimismo, indican que se han dirigido también a los máximos  responsables del Estado, denunciando “la inexistencia en España de  un órgano que regule, vele y proteja a las víctimas que puedan  encontrarse en un caso como el nuestro, en  el que, sin haber  concluido las investigaciones judiciales, se permita hacer de la  tragedia que nos embarga una serie televisiva para una cadena de  televisión, más allá de lo que estimamos debe ser permisible en un  Estado de derecho”.

Los afectados rechazan también que se emita esta serie cuando el  Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid y la Comisión Oficial de  Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) están llevando aún a cabo la investigación del referido accidente, y, por lo tanto, no  existe explicación ni judicial ni técnica definitivas de lo que  ocurrió.

“El respeto a esas investigaciones se vería contaminado por la  emisión de dicha ficción, que, además de carecer de la necesaria  seriedad y verdad, resultaría engañosa para la sociedad, que, como  nosotros, espera conocer qué sucedió, y saberlo con la profesionalidad
y el rigor que exigen la muerte de 154 personas y la supervivencia de  otras 18, algunas de ellas con graves secuelas físicas y psíquicas de  por vida”, agrega el escrito.

Por todo ello, la asociación advierte de que se reserva cuantas  acciones legales (civiles, penales y administrativas) estén a su  alcance, “para impedir lo que consideramos una brutal agresión a los  que no están y a nuestros derechos como personas, supervivientes y  afectados”.

“La Constitución nos hace iguales, pero nuestros derechos, como  ciudadanos afectados por esta tragedia que nos ha marcado la vida,  se verán pisoteados por el ejercicio de una hipotética libertad de  expresión tras la que se esconde un reprobable y condenable afán  materialista”, concluye el comunicado.