Tras una «larga lucha, por fin se han visto recompensados los esfuerzos», apuntó satisfecho el presidente de Convivencia Cívica Catalana (CCC), Francisco Caja. Satisfecho porque el Tribunal Supremo ha reconocido no sólo el derecho a la escolarización en castellano, sino también que el modelo educativo catalán «excluye» este idioma e insta a la Generalitat a modificar tal situación. «Es el principio del fin de la inmersión lingüística». Contento, pero receloso ante lo que pueda hacer el gobierno catalán. «Emprenderemos todas las acciones oportunas porque es impensable que en democracia un gobierno deje de cumplir leyes o sentencias».

Por su parte, la portavoz de Educación por la Tolerancia, Marita Rodríguez, también valoró muy positivamente el fallo del TS. «El ciudadano es el que elige, no la Administración», recordó. De hecho, el Consejo del Poder Judicial señaló que «cualquier ciudadano que considere que sus derechos se han   vulnerado podrá invocar la jurisprudencia del TS para poder ejercer sus derechos».