El Gobierno vasco replica que la autonomía de los centros impide reabrir aulas en español pese a la demanda.

«No ha llegado el cambio a la Educación». Éste es el diagnóstico que realiza la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística sobre los pasos dados por el Gobierno de Patxi López para equiparar el euskera y el castellano en las aulas del País Vasco. Los padres de alumnos que integran la asociación, creada para hacer frente a la euskaldunización de la enseñanza que impulsó el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe, acogen con «frustración» el nuevo sistema de prematrícula que estrena hoy el Departamento vasco de Educación. Se trata de una aplicación informática que hará llegar al departamento, de forma inmediata desde los centros, las preferencias de los padres respecto al colegio y al modelo lingüístico para formalizar la prematrícula de sus hijos.
Los responsables de Educación defienden que el nuevo sistema permite contabilizar por primera vez, y «de la manera más libre y transparente posible», la demanda real de cada modelo lingüístico por parte de las familias. Pero según la plataforma, en la práctica no se garantiza que los niños puedan estudiar en el centro y en la lengua escogida como primera opción. Los padres pueden marcar hasta tres alternativas. Incluso pueden solicitar en primer lugar el modelo en castellano en un centro en el que no se oferta.
Ahora bien, el nuevo sistema no garantiza que se reabra un aula en castellano, pese a tener demanda suficiente, ya que «la planificación y autonomía» de los centros en ocasiones lo impide, según la consejera de Educación, Isabel Celaá, quien afirmó que «no hay derechos ni libertades absolutas».
Para la portavoz de la plataforma, María Aldecoa, la realidad es otra. «La Ley de Escuela Pública vasca obliga a la Administración a asignar a los centros los modelos lingüísticos en función de la voluntad de los padres y de la realidad sociolingüística de la zona», explica. Y añade que el problema reside en los centros concertados, algunos de los cuales eliminaron las aulas en castellano durante el último mandato de Ibarretxe, que situó al euskera como lengua principal de la enseñanza por decreto y como una alternativa acompañada de jugosas subvenciones.
Otro obstáculo: «En al menos un colegio de Vitoria se abrió una clase en el modelo B (bilingüe) con tan sólo tres alumnos, mientras que ahora con el A (en castellano) se exige un mínimo de 20 alumnos», denuncia Aldecoa. Otro de los problemas que apunta es que los padres tienen que seguir formalizando la prematrícula en la secretaría de los centros donde, en muchos casos, «les coaccionan y disuaden para que elijan el modelo B o D (en euskera)». Las familias se encuentran, denuncia, «desamparadas».
«Es triste que tengamos que acudir al Parlamento vasco para exigir a los responsables políticos que se cumpla la ley», lamenta Aldecoa, que el  próximo miércoles comparecerá en la Cámara de Vitoria junto a otros representantes de la plataforma a petición propia para ofrecer sus propuestas de cara al próximo curso.

Insuficiente, según el PP
Para el número dos del PP Vasco, Iñaki Oyarzábal, las medidas impulsadas desde el Departamento de Educación son «positivas, pero insuficientes». Por ello, planteó una serie de propuestas, como que se flexibilice el mínimo de alumnos para reabrir aulas en castellano y que el Gobierno vasco se comprometa a financiarlas al cien por cien, ya que estas coberturas sólo las tienen las de los modelos B y D.
También pidió al departamento que habilite un teléfono de información y que envíe cartas a los padres para «contrarrestar la campaña de desinformación» efectuada por al menos 45 ayuntamientos nacionalistas que destacan las bondades de la opción en euskera. Oyarzábal confió en que el Ejecutivo vasco «cumpla» con los compromisos adquiridos en el pacto por el cambio de PP-PSE, pero sin plantear rupturas.

«Garantiza la libre elección», dice el Ejecutivo
El Departamento vasco de Educación defendió que su nuevo sistema de matrícula «garantiza la libertad de elección» de las familias y denunció que la plataforma intente convertir el proceso en «un conflicto». Celaá lamentó que el colectivo de padres «censure de forma previa» el mecanismo antes de «comprobar su capacidad». Y no entendió por qué esta asociación «no tiene confianza suficiente en que las familias sean capaces de manifestar sus propias convicciones, incluso cuando el sistema garantiza que sus demandas sean transmitidas fielmente a la Administración para que haga el seguimiento pertinente». «Cuando una familia tiene claras sus convicciones, no tiene por qué dejarse abatir ni cambiar su opción en lo que significa un mero intercambio de información con la ventanilla», añadió la consejera de Educación del Ejecutivo de Patxi López.