El Consejo de Garantías Estatutarias dio ayer el visto bueno a la prohibición de los toros en Cataluña, después de que el PP solicitara su dictamen sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada a acabar con las corridas. De esta manera, el Constitucional catalán ha concluido que el Parlamento de Cataluña tiene potestad para legislar sobre si se prohíben o no los espectáculos taurinos.

Este organismo considera que los toros son un «espectáculo público más» y avisa de que la Generalitat tiene competencia exclusiva en esta materia. Además, el dictamen recuerda que otras comunidades como Castilla-La Mancha, La Rioja o Madrid tienen reglamentos propios sobre toros. Los populares solicitaron el dictamen porque dudaban sobre la potestad de Cataluña para acabar con la Fiesta y consideraban incoherente que la cámara catalana votara la prohibición de los toros después de blindar los «correbous». La votación final en el Pleno se celebrará el 28 de julio.