La antigua propietaria del local, en pleno centro de Barcelona, cumplirá cinco años y medio de cárcel.

El exceso de ruido en locales cerrados, sin respetar los límites legales impuestos, puede causar lesiones serias a quienes viven en sus inmediaciones y, por tanto, sus propietarios deberán responder por ello. Hasta el punto de que la propietaria de un pub de Barcelona deberá cumplir por ello una pena de cinco años y medio de cárcel y pagar una multa de 11.250 euros por los daños psíquicos causados a tres vecinos, quienes sufrieron insomnio, estrés y depresión. El Tribunal Supremo ha confirmado que estos hechos constituyen un delito contra el medio ambiente, en relación con otros tres de lesiones, tal como estableció la Audiencia de Barcelona en la que fue la primera condena en España por un delito de lesiones, a consecuencia de los trastornos sufridos por los vecinos, causados por el exceso de ruido.
Los hechos sucedieron entre abril de 2005 y mayo de 2006, cuando María del Carmen A. V., propietaria de un pub de Barcelona, instaló en el local, sin autorización, un equipo de reproducción de música y cinco altavoces de amplificación del sonido.

Hasta la madrugada
El ruido generado durante todas las horas en que permanecía abierto el local, de nueve de la mañana a tres de la madrugada, perturbó «gravemente la vida familiar y la salud física y psíquica» de quienes vivían en el piso superior del pub.
Tras la denuncia presentada por los afectados,  la Inspección municipal le ordenó «adaptar la instalación» a lo dispuesto en materia de ruidos por el Ayuntamiento de Barcelona.
Sin embargo, en una segunda inspección se constató que no se había adoptado ninguna de las medidas requeridas de insonorización y de «adecuación sonora». Por ello, se decretó la clausura del local, lo cual tampoco fue respetado por la acusada y, como consecuencia de esa actitud, el pub continuaba en funcionamiento, pese a la orden de cierre. En total, quebrantó hasta en tres ocasiones la orden de clausura del local.
El resultado de ese «reiterado sometimiento» a los vecinos de esos elevados «niveles» sonoros provocó que uno de ellos sufriera un trastorno depresivo-ansioso, por lo que requirió de tratamiento psiquiátrico, al igual que otros dos familiares que convivían con él en el mismo inmueble. El Supremo considera que existen «medios de prueba» para la condena de la propietaria del pub, tal como acordó la Audiencia de Barcelona. En este punto, la sentencia del Alto Tribunal destaca que la protección de la salud y del medio ambiente «incluye en su ámbito de control la contaminación acústica». Incluso, asegura, el derecho a la integridad física y moral «puede quedar vulnerado cuando la contaminación acústica encierra un grave riesgo para la salud de las personas».

«Vivimos un año de tortura psicológica»
«Mi mujer, mis suegros y yo vivimos más de un año de tortura psicológica, pero aguantamos. En el 99 por ciento de los casos, la gente vende el piso y se larga». Así recuerda José Antonio Muñoz, el vecino del antiguo pub Donegal (hoy ha cambiado de nombre y dueños) cómo comenzó su lucha contra el ruido del local. Pese a que el Tribunal Supremo les ha dado la razón, asegura no alegrarse por la condena que ha recaído sobre su antigua vecina Carmen A. V. «No es motivo para alegrarse que a nadie le imputen cinco años, y ahora ya no me sirve de nada que vaya a la cárcel. Quizá sirva para escarmentar a otros, pero el daño ya está hecho». A su juicio, es el Ayuntamiento de Barcelona el que debía haberse sentado en el banquillo. «Durante 13 meses estuvimos torturados y no hizo nada. Tenía competencias para haber cerrado directamente el local, pero no lo hizo», asegura Muñoz. El vecino explica que al principio  intentaron arreglarlo «por las buenas». La federación catalana de actividades recreativas musicales asegura que se pactaron medidas para amortiguar el ruido con los vecinos, pero Muñoz recuerda que Carmen le dijo «que no tenía ni un duro para insonorizar».