El ministro de Educación dijo en Bruselas que su propuesta ha de contar con «la viabilidad y el consenso suficientes». 

Tras meses de trabajo y de sondear la viabilidad de un pacto educativo, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ya tiene claro no sólo que el acuerdo es posible, sino también cuáles serán los pilares del esperado consenso. En el centro se situarán los profesores y la comunidad educativa, explicó ayer el ministro, de visita en Bruselas. Además, el pacto también se deberá extender a la financiación, para que la alternancia de gobiernos no altere la asignación de partidas o «la transparencia y la rendición de cuentas». Por último, Gabilondo no descartó «cambios normativos si fueran necesarios», aunque adelantó que el objetivo no es en ningún caso presentar una nueva ley educativa.  

«Ocurrencias disparatadas»
«Nuestra voluntad no es proceder a cambios legislativos haciendo algo así como una nueva ley de educación. Creemos que no es de eso de lo que se trata», aclaró. No se tratará de incluir  «ocurrencias disparatadas» porque «no buscamos ser innovadores», sino «hacer las cosas bien», explicó.
El responsable de Educación espera presentar a finales de febrero una propuesta «con la viabilidad y el consenso suficientes», aunque advirtió de que los calendarios dependen de la «voluntad política». Para ello, ya ha sondeado al Partido Popular, desde donde ha recibido sus aportaciones.
Sin querer opinar si existe condicionalidad en el documento del PP, dijo que se trata de propuestas y, como tales, serán consideradas. «Sustentaremos el pacto sobre aquello que nos es más común», dijo. A las consultas realizadas a la oposición se sumarán los resultados de la discusión con las CC AA, con las que se reúne mañana en la comisión sectorial de Educación. Por último, en las próximas semanas extenderá el diálogo a otras fuerzas del arco parlamentario y a los agentes sociales.
Al ser preguntado sobre si dejará el espinoso tema de las lenguas al margen para no poner en peligro el acuerdo, Gabilondo indicó que se garantizarán los principios recogidos en la Constitución: que los españoles tienen el deber de aprenderlo y el derecho a usarlo en todo el territorio, un punto que consideró «indispensable». «Hasta ahora ha ocurrido así», opinó, ya que «en las comunidades autónomas se conoce el castellano y desde luego también se conoce la lengua de esa comunidad».

Derribar barreras
Para aquellos que busquen la polémica, avisó de que «no se defiende una lengua lanzándola contra otra» y, con la mirada puesta en sectores más centralistas, añadió que «si se ama el castellano hay que cuidarlo, no usarlo como arma arrojadiza».
El ministro viajó ayer a Bruselas para explicar los objetivos de la Presidencia española de la UE en el Parlamento Europeo. Explicó que pretende subrayar la «dimensión social de la educación», es decir, derribar las barreras que afectan especialmente a colectivos como los inmigrantes. Sobre la decisión que debe tomar la Universidad de Sevilla con relación a los castigos por copiar en exámenes, el ministro defendió que se comience por «destronar» el modelo de las pruebas finales únicas y apostó por un sistema de evaluación continua. «Creo en la capacidad de autogobierno de la universidad y en la seriedad absoluta de sus instituciones», dijo.

Los tres pilares del pacto
1/ Profesor
La propuesta situará a los profesores y a la comunidad educativa en general en el centro del pacto. De hecho, el ministro apuesta por una mayor participación de los docentes en el proceso de Bolonia.
2/ Financiación
Para Ángel Gabilondo, el inminente pacto deberá extenderse también a la financiación, para que la alternancia de Gobiernos no altere la asignación de partidas «o la transparencia y la rendición de cuentas».
3/ Cambios normativos
Tampoco se descartan «cambios normativos», aunque el ministro confesó que el objetivo no es presentar una nueva ley educativa. «No buscamos ser innovadores ni queremos incluir ocurrencias disparatadas», afirmó.