Entendemos que el Gobierno, ante el desbarajuste contable que recibe como herencia, no haya tenido más remedio que acometer una política impositiva que no estaba en su programa. Hay que reducir el déficit como sea y eso es algo que acepta casi todo el mundo. Es normal que en momentos como los actuales, con cinco millones de parados, el peso del ajuste recaiga más sobre quienes tenemos un trabajo que sobre quienes no lo tienen o sobre las empresas, al fin y al cabo llamadas a crear empleo.

Nada que objetar, por tanto, a una decisión que se entiende transitoria, aunque incide en cargar sobre los ciudadanos la responsabilidad de una crisis cuyo origen está más en las administraciones y en las entidades financieras.

Por eso harán bien De Guindos y Montoro en acometer cuanto antes las reformas estructurales necesarias para que los diferentes Gobiernos locales y regionales dejen de derrochar un dinero que no les corresponde, y cuyo mal uso está lastrando a la economía. Anunció ayer el ministro de Hacienda más medidas y hace bien. El ajuste no se puede quedar en una mera subida de tasas.  Ahora toca lo más difícil. Hay que reducir burocracia, evitar duplicidades, recortar gasto corriente, eliminar cargos innecesarios y privatizar empresas inviables. Por ahí se tendrá que mover necesariamente el Gobierno, y no sólo quedarse en la facilidad de colocar en el mercado activos atractivos como AENA o Loterías. Deberá obligar a las autonomías a deshacerse de compañías improductivas, televisiones ruinosas, publicaciones marginales y chiringuitos pintorescos.

Los ciudadanos que le han dado la mayoría absoluta al PP aceptan que el Gobierno tome medidas drásticas que socavan sus sueldos, pero esperan que el Ejecutivo sea diligente y haga la reformas que hay que hacer para que la crisis no la paguen los de siempre.