La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, apuntó hoy que el Gobierno entiende que en una cuestión como el aborto "no todo el mundo puede estar de acuerdo" y señaló que es un "conflicto de intereses" entre la madre y el no nacido. Así, la que calificó como nueva Ley de   Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Salud Sexual y Reproductiva, cuyo anteproyecto de ley estará listo "antes del verano" para su debate parlamentario, protegerá a ambos en dos fases diferenciadas por un punto de inflexión: la semana 22 del proceso de gestación.   
   En una entrevista concedida a Europa Press, la ministra abordó las   recomendaciones más polémicas del Comité de Expertos que asesora al   Ejecutivo sobre la nueva ley del aborto, explicó su intención de   llevar la salud sexual y la anticoncepción a las aulas para prevenir   embarazos no deseados e incidió en la necesidad de alcanzar   "suficienteconsenso" social y parlamentario. En este sentido, dijo   que "será escuchado todo el mundo", pidió "prudencia y sosiego" a los   grupos antiabortistas y explicó que se trabajará desde el "diálogo"   con los progresistas porque son "conscientes" de que necesitan su   "apoyo parlamentario para sacar adelante una ley de estas   características".  
   Concretamente, sobre el plazo de 22 semanas que recomiendan los   asesores del Gobierno como fecha límite para interrumpir un embarazo   en caso de riesgo mortal para la madre o malformaciones en el feto,   Aído explicó que la idea parte de la Organización Mundial de la   Salud, quien afirma que un feto puede vivir fuera del cuerpo de la   madre a partir de esa fecha.  
   Por eso, "en el primer periodo prevalecerá el derecho de la mujer  y a partir de esa viabilidad fetal, el derecho del no nacido", ya que   una vez rebasado este plazo, no se podría abortar, sino que se   induciría el parto. Habría, según Aído, "una tercera casuística: el   caso de que el feto sea incompatible con la vida". De ser así, se   interrumpiría el embarazo "para no hacer sufrir a la mujer durante   ese tiempo sabiendo que tiene un feto no viable".     
   "Así es como está en la mayoría de los países europeos y así es   como queremos que esté en la legislación española", apuntó Aído,   quien incidió en que el objetivo de la nueva ley es proteger tanto a   la mujer que decide interrumpir su embarazo como "al no nacido una   vez que es viable y puede vivir con independencia de la mujer según   criterios científicos y médicos", además de proteger al personal   sanitario que tiene que llevar a cabo la "prestación".    

"TANQUILIDAD", "SOSIEGO", "DIALOGO"  
En este punto se refirió a un aspecto peliagudo de la propuesta y   que ha suscitado recelos entre los colectivos de personas con   discapacidad: el aborto por malformaciones en el feto. "Pido   tranquilidad y sosiego porque todas estas cuestiones serán elaboradas   con la mayor prudencia", aseveró y reiteró su compromiso de "realizar   una fase de consultas con los distintos organismos, instituciones y   organizaciones que tengan interés en aportar sugerencias".  
   No en vano, a la titular de Igualdad no se le escapa que necesita   "el apoyo parlamentario para sacar adelante una ley de estas   características y las recomendaciones de los expertos han recibido   críticas por parte de grupos parlamentarios y asociaciones   progresistas: "El Gobierbo entiende que en una cuestión como la IVE   (Interrupción Voluntaria del Embarazo) no todo el mundo puede estar   de acuerdo. Hay en ocasiones posturas extremas y entendemos que   tenemos que legislar en función de los intereses de la mayoría",   constató.  
   En la otra cara de la moneda, sobre las campañas anunciadas por   los grupos provida para facilitar información y relaizar   concentraciones durante la primavera y una posible gran manifestación   en otoño en Madrid, la ministra quiso lanzar un "mensaje de   prudencia". "Pediría sosiego. Lo que queremos en una ley más segura   que contribuya a solucionar muchos de los problemas de la ley   vigente. Al igual que queremos proteger a las madres para que puedan   realizar con mayores garantías la IVE, hay que tener en cuenta que   también se va a proteger a los no nacidos desde el momento en que   sean viables desde una perspectiva científica, lo que no está   garantizado con la ley vigente", incidió.   

TRES DIAS PARA PENSARLO CON "INFORMACION NEUTRAL"  
Otra de las recomendaciones de los expertos versa sobre la   posibilidad de que a partir de los 16 años de edad, las menores   puedan abortar sin necesidad de consentimiento paterno o de los   tutores. Esta iniciativa supondría modificar la Ley de Autonomía del   Paciente, que impone la autorización del tutor para los casos de   interrupción voluntaria de embarazo.   
   Sobre este asunto, Aído remarcó que de momento, se trata sólo de   una recomendación, ya que el anteproyecto de ley del aborto no ha   sido redactado y aseguró que "el Gobierno incluirá este aspecto en   función de que se tenga el suficiente consenso para el mismo", ya   que, como en el resto de preceptos, se requiere "un amplio consenso   jurídico, médico y parlamentario" para que salga adelante.   
   También incidió en que, conforme recomendaron los expertos, cuando   una mujer quiera interrumpir su embarazo tendrá un "periodo de   reflexión de tres días" durante los que recibirá "toda la información   relativa a las ayudas existentes de apoyo a la maternidad y la   información que se determine a estos efectos desde la perspectiva   médica". Se tratará de "documentación" que contendrá "una información   absolutamente neutral, aseguró.

EDUCACION SEXUAL EN LAS AULAS  
No es la única información que facilitará el Gobierno. Aído   explicó que la nueva ley pretende abordar también la prevención de   embarazos no deseados, para evitar que "la tendencia alcista se   consolide" y que "haya el menor número de interrupciones con el mayor   número de garantías posible".   
   Así, aseguró que el Ministerio de Igualdad "ya está trabajando con   Educación y Sanidad para realizar unidades didácticas y que llegue a   las aulas la distinta información sobre la salud sexual y   reproductiva y sobre los métodos anticonceptivos", aunque el grueso   de las medidas en este sentido se adoptarán en el marco de la   Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que persigue la   cartera dirigida por Bernat Soria y que sucederá a la aprobación de   la nueva ley del aborto.