BARCELONA- «Y por cierto, no voy a dimitir». Con esta coletilla acabó ayer el cuarto teniente de alcalde, Ramón García Bragado, su intervención en el Ayuntamiento de Barcelona para responder por las irregularidades que la Sindicatura de Comptes ha detectado en las cuentas del Fórum. Un día después de emitirse un duro informe sobre la actividad de Bimsa -Barcelona Infraestructures Municipals-, la empresa creada por el Ayuntamiento de Barcelona para construir el recinto del Fórum, la oposición salto a la yugular del gobierno municipal. El presidente del grupo municipal de CiU, Xavier Trias, fue quien pidió la dimisión de García Bragado, presidente de Bimsa, así como la del gerente de la empresa, Andreu Puig, ¿Las razones? «Sobre todo, por obstruccionismo», porque la Sindicatura denunció que Bimsa le ocultó datos y dificultó la elaboración del informe. Y porque la empresa municipal que preside García Bragado dispone del informe en cuestión desde el 30 de junio de 2008 y «sólo se lo ha dejado ver a socialistas». La trama de «corruptela» ¿Por qué se ha guardado con tanto recelo el informe? García Bragado respondió porque «no se podía divulgar hasta que se resolviesen las alegaciones interpuestas por el gobierno municipal en defensa de Bimsa». Pero CiU y PP sospechan que la empresa municipal trataba de protegerse de una trama de «corruptelas». CiU mostró ayer un ejemplo de contrato en el que prefigura el adjudicatario antes de que se abriera el concurso público. El 5 de abril de 2003, el boletín de la provincia de Barcelona anunció que se convocaba el concurso para adjudicar la planta fotovoltaica del Fórum. Avisaba de que a partir del 27 de mayo de 2003 se podían presentar las ofertas. Pero CiU enseñó un contrato donde Bimsa adjudica la obra a una UTE con fecha de abril de 2003. Ya en 2005, un informe del interventor municipal denunció que en la contratación del Fórum no se había cumplido con la Ley de Contratos. Concretaba que en los contratos superiores a los 300.000 euros no se aplicaron los principios de publicidad y concurrencia. Como hizo entonces, el Ayuntamiento respondió que por las características del evento, la Generalitat le eximió de cumplir trámites en la adjudicación de obras para acelerar la contratación. Para Alberto Fernández esto no es excusa. Por eso, avisó de que el PP llevará el «caso Bimsa» al pleno del Ayuntamiento y reclamará en el Parlament que la Sindicatura «extienda la investigación a todos los aspectos no fiscalizados de Bimsa». También reclamó que se garantice la fiscalización del resto de empresas públicas, tras lamentar que se le ha impedido «sistemáticamente» el acceso a las cuentas del Fórum.