El juez Baltasar Garzón asegura que Francisco Correa lideraba un grupo organizado que creó un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos públicos mediante el soborno a funcionarios y autoridades de consistorios y Consejerías de la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, cuya identidad ahora investiga.
Así lo explica el magistrado en el auto en el que ayer acordó el ingreso en prisión incondicional de Correa -del que dice que trató de huir el día 7 a un país centroamericano- y de dos de sus más estrechos colaboradores en esta trama, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, secretario de organización del PP gallego hasta 1999.
El juez anuncia en esta resolución que se está investigando la "identidad y cargos" de esos "funcionarios y autoridades públicas" que recibieron "dádivas y sobornos", "al objeto de tomar las decisiones que correspondan en derecho".

Un «conglomerado empresarial» formado por 23 sociedades
Según lo investigado en las diligencias 275/08, "en la causa existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas", principalmente de la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana "para obtener un beneficio propio".
Se trata, según Garzón, de "un grupo organizado de personas y empresas", liderado por Correa del que forma parte "en inmediata relación de jerarquía" Pablo Crespo, Antoine Sánchez y "otros imputados en esta causa".
Por todo ello les imputa delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, "varios delitos" de falsedad, "múltiples delitos" de cohecho y "diversos delitos" de tráfico de influencias.
La principal finalidad de este grupo "a lo largo del tiempo, y, como mínimo en los últimos 10 años, "ha sido "captar negocios" y "fondos" en la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, a través de ese conglomerado empresarial, expone el juez.
Sobre esa estructura nacional -añade- "se superpone una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda que participan en el capital de las sociedades patrimoniales constituidas en España".
Estas sociedades radicadas en el extranjero "son a su vez participadas por entidades creadas en paraísos fiscales", lo que permite a este conglomerado "incorporar fondos a las sociedades patrimoniales ubicadas en España mediante las aportaciones" de las empresas ubicadas en Inglaterra y Holanda.
Ese "conglomerado" ha venido funcionando durante los últimos diez años, principalmente en la Comunidad de Madrid y en la Comunitat Valenciana, según la resolución dictada por el juez en la causa en la que investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP.
       Entre esas empresas figuran Special Events -que organizó eventos para el PP hasta el 2004- y Pasadena Viajes, de las que es titular Correa; así como Orange Market, filial de la anterior en Valencia y dirigida por el también detenido Álvaro Pérez Alonso; y Easy Concept Comunicación, de la que es empleado el imputado Pau Collado, ex director general del Gobierno autonómico de Jaume Matas en Baleares.
       El listado de empresas incluye otras sociedades como Parque Logístico Montalvo, Intermedia Eje Comunicaciones Integrales, Good and Better, Diseño Asimétrico, Servi Madrid, Cresva, Caroki, Osiris Patrimonial, Proyectos Financieros Filmores, Inversiones Kintamani, Hator Consulting, Odisea Servicios 2001, Rialgreen, TCM, Forever Travel Group, Estudios Vesubio, Welldone y Castaño Corporate.
       Por último, la resolución dictada por Garzón cita a la sociedad FCS Formación, Comunicación y Servicios, de la que señala que carece de actividad.
       Según el juez, el objetivo de las sociedades de inversión especulativa es la búsqueda de la rentabilidad en operaciones inmobiliarias, el de las patrimoniales gestionar el patrimonio personal de Correa y el de las empresas de gestión prestar apoyo al resto en labores de administración o de organización de viajes.
Todo ello lo enmascaraban "como ampliaciones de capital", aunque "en realidad" los fondos procedían de "sociedades matrices" de la Antillas Holandesas, Islas del Canal y otros territorios "offshore".
El diseño de esta estrategia de ocultación, según el juez, ha permitido a Correa el control de este entramado societario "sin que él figurara", mediante la constitución de sociedades por medio de testaferros a través de los despachos de asesoramiento jurídico y fiscal con relaciones con paraísos fiscales.
Así, para Garzón "consta indiciariamente acreditada la defraudación fiscal y el movimiento de dinero en el extranjero" para colocarlo en paraísos fiscales y cómo "para disfrazar" las dádivas entregadas "no dudaron en alterar y falsificar documentos"·
Al frente de sus empresas en España, Correa puso a Crespo,aunque él era el que daba "instrucciones al resto de integrantes de la organización".
Por su parte, Antoine Sánchez "es pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades gestionadas en el despacho de uno de los imputados".
El juez relata que "el detonante" que activó el pasado viernes la operación "Gürtel" fue el riesgo de fuga de Correa, que planeaba salir de España el día 7 tras un acto en Barcelona con ayuda de Crespo.
Además, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) había advertido en un informe, el pasado día 3, que "quedaba constatado el nerviosismo de Pablo Crespo "al dar órdenes a otros miembros de la organización para que guardaran las cosas y escondieran otras".
De hecho, la organización disponía de un piso de seguridad en la calle madrileña de Martínez Campos en el que vivía "una persona de su confianza y trabajador en una de sus empresas" en el que guardaron "documentos sensibles" que sacaron de una sede de una de sus empresas de Serrano.