barcelona- El Ayuntamiento de Barcelona tendrá que negociar el futuro del Parque Tibidabo antes de dos meses, el plazo de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que falló en favor de la sociedad Grandignan Place, controlada por cuatro empresarios y dictó la nulidad del proceso que llevó el parque a manos municipales. Según explicaron a Efe fuentes jurídicas cercanas al caso, estos cuatro empresarios pretenden abrir conversaciones con el Ayuntamiento, dentro de dos semanas, para determinar qué compensación recibirán después de la sentencia del TS. Nueve años El contencioso se remonta al año 2000 cuando después de que la empresa Gradignan Place, entonces vinculada a la familia Bernat, se adjudicó, a través de un subastero, los terrenos e instalaciones del parque barcelonés por 4,7 millones de euros y que, tras la subasta, la Seguridad Social, a instancias del Ayuntamiento, ejerciera el derecho de tanteo y se adjudicara a su favor los bienes embargados a la empresa Parque de Atracciones del Tibidabo (Patsa). Posteriormente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social firmó un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para cederle la propiedad de los terrenos y los equipamientos embargados a Patsa, filial de la antigua Grand Tibidabo, por la misma cantidad por la que fueron adjudicados en la subasta. «La titularidad pública no está en cuestión y en este caso se está estudiando a fondo el contenido de la sentencia», señalaron portavoces del Ayuntamiento. El grupo de empresarios que ganó esta semana en el Supremo son antiguos socios del fundador de Chupa Chups, Enric Bernat, pero tanto él como su familia se desentendieron del conflicto y vendieron su parte en Gradignan Place, una vez que el ayuntamiento se hizo con el parque. Estos socios decidieron seguir pleiteando y nueve años después, y tras dos fallos contrarios en primera instancia y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, consiguieron una sentencia que no es recurrible.