Madrid- El ministro del Interior reconoció ayer que un «fallo humano» propició la escalada homicida protagonizada el sábado por el maltratador de permiso penitenciario Maximino Couto en Pontevedra. El preso acabó con la vida de la que era su actual pareja, fue a por su ex mujer -a la que no encontró pero cuya vivienda destrozó- y acuchilló a los vecinos de ésta, uno de los cuales permanece grave, y a un policía. Y todo ello, tras desprenderse de la pulsera localizadora GPS que portaba como medida de prevención. Rubalcaba admitió que el funcionario que estaba el sábado al frente de la Unidad Central de Vigilancia Electrónica (UCVE), situada en Madrid, «no vio» la señal de alarma. Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguraron a LA RAZÓN que el vigilante estaba solo ese día y que tenía que controlar a sólo cuatro maltratadores en esos momentos. Rubalcaba desmintió las primeras informaciones que hablaron de un fallo técnico del dispositivo o del sistema telemático, cuyo proveedor es la empresa israelí Elmotech. En este sentido, la titular de Igualdad, Bibiana Aído, destacó que el Gobierno implementará en 2009 un nuevo modelo que garantice «el alejamiento de la víctima» y no sólo de su vivienda, como en este caso. «Fallo sin malicia» Según explicó por su parte la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, el «fallo humano sin malicia» pudo deberse a que el funcionario a cargo del sistema «quizá no vio la alarma visual» cuando el preso se quitó la pulsera. El dispositivo consta de un emisor GPS, que la persona vigilada lleva encima, y una pulsera que no puede separarse de éste más de 20 metros. El aparato está programado para activar la alerta cuando se manipula -momento en el que aparece una señal visual en la pantalla del UCVE (el nombre del preso destaca en letras rojas)- o cuando éste penetra en las llamadas «zonas de exclusión», que se establecen en torno a los domicilios o centros de trabajo de las víctimas. En estos casos, la señal es también sonora. Prisiones destacó que, si el encargado del UCVE demuestra que realizaba «algún otro cometido que le impidió reparar en la alarma», no será sancionado. Por su lado, el sindicato de Prisiones Acaip aseguró que el funcionario «no dispone de formación específica» sobre el uso del sistema, que «tuvo que rearmar tres veces debido a fallos» ese día. También criticó que sólo hay siete personas destinadas al UCVE para vigilar a 1.834 internos y denunció que la Administración «busca responsabilidades en los últimos eslabones de la cadena».